A pesar de que el gobierno de Sonora no cumplió con las recomendaciones emitidas para la protección de mujeres, la alerta de violencia de género no será declarada por el momento. El grupo de trabajo que estudió el caso recomendó un segundo plazo para que las ponga en marcha.

La administración de Claudia Pavlovich (PRI) aún tiene que mejorar el protocolo de investigación de desapariciones, informar a servidores públicos que en caso de violación se permite el aborto, garantizar presupuesto para 2017 y poner en funcionamiento un refugio estatal, entre otras acciones.

En mayo del año pasado, integrantes de la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitaron la alerta de género sólo para el municipio de Cajeme. De enero de 2014 a mayo de 2015 se registraron 20 feminicidios en esa localidad, aunque el gobierno estatal sólo reconoce siete.

Además, denunciaron aumento en los delitos sexuales y violencia familiar ‘‘en un clima de inseguridad’’ causado por el programa Cruzada por la Seguridad, que impulsó el ex gobernador Guillermo Padrés Elías.

Sin embargo, ‘‘pareciera evidente’’ que en todo el estado ‘‘existe un contexto de violencia contra las mujeres’’, concluyó el grupo de especialistas convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para analizar la situación en la entidad.

Por ello, cuando rindieron su informe en junio de 2015, ampliaron sus recomendaciones al gobierno estatal. En total fueron 12 señalamientos de emergencia, los cuales se debían llevar a cabo en los próximos seis meses. No lo lograron, así que tendrán otro medio año para hacerlo.

Una de las acciones era crear un banco estatal de datos sobre casos de violencia contra las mujeres. Al respecto, la administración estatal informó sobre la construcción de una plataforma digital para esas estadísticas. Sin embargo, el grupo no halló ‘‘evidencia’’ en los portales del gobierno.

Otra estrategia fue capacitar a los servidores públicos en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, la cual permite el aborto en casos de violación. Cabe recordar que en agosto de este año le negaron ese derecho a una niña de 13 años, quien fue abusada sexualmente.