l bárbaro asesinato de cuatro menores que cursaban la preparatoria en un plantel de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en Jojutla es un exasperante episodio más de una violencia que se encarniza en contra de jóvenes estudiantes y que obliga a recordar casos como el de los cinco muchachos de Playa Vicente, Veracruz, que fueron secuestrados en Tierra Blanca por policías estatales y ultimados por un grupo de la delincuencia organizada, así como el de otros cuatro universitarios que sufrieron desaparición forzada en Boca del Río y cuyos restos fueron posteriormente hallados en la localidad de Camarón de Tejeda, por citar sólo dos crímenes de esa clase cometidos en el país en lo que va de este año.

Por lo demás, la muerte de los preparatorianos de Jojutla es sólo el más reciente caso de violencia en que se encuentra sumido el estado de Morelos desde hace varios sexenios, una circunstancia que no ha podido ser modificada a pesar de las movilizaciones ciudadanas, de los cambios de gobierno y de medidas como la adopción del mando único por parte de las autoridades.

No debe olvidarse que desde hace décadas se han asentado en la entidad sureña bandas de secuestradores y que en el territorio morelense fijaron su refugio diversos cárteles, como el de los Beltrán Leyva, cuyo jefe máximo fue acribillado en Cuernavaca por elementos de la Marina en diciembre de 2009. Ha de tenerse en mente, asimismo, que en marzo de 2011 fueron levantados varios jóvenes –entre los cuales se encontraba Juan Francisco, hijo del poeta Javier Sicilia–, cuyos cuerpos fueron encontrados posteriormente en el municipio de Temixco.

A ciencia y paciencia de gobernadores priístas, panistas o perredistas, la inseguridad ha persistido y la población de la entidad se encuentra en un estado de total indefensión. Los visibles rondines de elementos policiales y militares no han servido ni poco ni mucho para detener los secuestros y homicidios.

Un dato significativo es que durante la actual administración estatal la fiscalía morelense enterró en una fosa clandestina en Tetelecingo más de 100 cadáveres que fueron encontrados, a decir de las autoridades, sin relación con episodios violentos y que fueron inhumados sin investigar nada. Sin embargo, muchos de los cuerpos, como lo certificaron estudios practicados por personal de la UAEM, presentaban huellas de tortura y heridas causadas por armas de fuego.

Es claro que cada una de esas inhumaciones clandestinas, efectuadas por las propias autoridades, se tradujo en el encubrimiento de un delito y en la consiguiente impunidad para los victimarios. La inacción gubernamental no puede sino alentar a los delincuentes a proseguir sus actividades ilícitas sin temor a ser castigados, y ello se traduce en un estado de gravísima vulnerabilidad para la población en general.

La hipótesis ofrecida ayer por el fiscal general morelense en el sentido de que los jóvenes estudiantes de Jojutla fueron privados de la vida como consecuencia de una riña, ha generado múltiples dudas por parte de la opinión pública, pero, ultimadamente, tal elucubración es irrelevante: los muchachos fueron asesinados porque en Morelos el estado de derecho está roto y en la entidad es posible matar sin sufrir consecuencias.