En las 56 delegaciones y subdelegaciones que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene en el país se han instalado 305 teléfonos de seis empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de que atiendan directamente a sus clientes que pretenden presentar una queja ante la dependencia, para agilizar la conciliación entre ambas partes, informó Carlos Ponce, subprocurador de telecomunicaciones.

Además, todas las compañías de dicho sector están obligadas a informar a sus usuarios que pueden inscribirse al Registro Público para Evitar Publicidad (Repep), a cargo de la Profeco, para evitar llamadas telefónicas sobre servicios, promociones o productos de las empresas de telecomunicaciones.

Con la instalación de teléfonos de las empresas en las oficinas de la Profeco se pretende darle una atención exprés a los consumidores y reducir el tiempo de resolución de las quejas, ponderó el subprocurador Ponce. También dijo que se instalará en los centros de atención de las compañías que ofrecen los servicios de telefonía celular el decálogo de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones que difunde la Profeco.

En lo que va del año, la procuraduría ha recibido 28 mil 660 quejas de consumidores contra empresas de telecomunicaciones, de las cuales 53.7 por ciento son de telefonía celular, dijo a su vez Ernesto Nemer Alvarez, titular de la dependencia, al presidir la firma de un convenio con directivos de Telefónica Movistar.

Precisó que existen 233 millones de contratos en telecomunicaciones, lo que implica el doble respecto a la población de México. De esos contratos, 109 millones corresponden a telefonía celular. Nemer mencionó que los 87 convenios de colaboración que la Profeco ha firmado con empresas, cámaras y organismos del sector privado, instituciones y otras dependencias públicas, 13 corresponden a empresas de telecomunicaciones, el más reciente de los cuales se firmó este lunes en la sede de la dependencia.

La Profeco, dijo, está llamada a ser la defensora del poder adquisitivo de los mexicanos, a cuidar su bolsillo, su trabajo y esfuerzo. Sin embargo, acotó que su deber no es fungir como la Santa Inquisición contra las empresas o proveedores de servicios y productos para los consumidores, sino que debe realizar una tarea de acompañamiento y ser su aliado, al tiempo que es defensora de los consumidores.