l discurso oficial dice que Aguascalientes figura entre las entidades federativas más seguras. Este dato se apoya en la estadística oficial y refleja el número de denuncias ante la autoridad; sin embargo, estudios recientes que no sólo emplean información cuantitativa, sino además analizan otros fenómenos, indican que es un estado medio seguro. Si a lo anterior se suma que en fechas recientes han aumentado los casos de violencia en que la sociedad ha decidido tomar justicia por propia mano, se hace evidente que en materia de seguridad los gobiernos no pueden continuar presumiendo encuestas de percepción y omitiendo la cifra negra de delitos no denunciados, y tampoco pueden seguir eligiendo a su gusto aquellos datos que los beneficien.

En días recientes el ombudsman estatal anunció que una comunidad se le había acercado con el propósito de formar un grupo de autodefensa. Al mismo tiempo, en redes sociales se festeja y justifica que un grupo de víctimas haya ejercido su derecho a defenderse de un asaltante. Combinados estos escenarios, se esperaría que la autoridad no sólo tuviera una reacción inmediata sino que su opinión estuviera relacionada con el papel que deben cumplir, con apego a la ley, los gobiernos. Lamentablemente, desde diputados hasta el gobernador, pasando por los presidentes municipales, han preferido culpar a la Federación por la falta de recursos, omitir las fallas de coordinación del Mando Único, pero sobre todo, afirmar que la violencia latente es producto de los delincuentes reincidentes, a tal grado que el alcalde de Aguascalientes sugiere que se implanten chips de geolocalización a los ex convictos, con el propósito de rastrearlos y evitar que vuelvan a delinquir.

¿Se analiza por qué ha fallado el modelo de reinserción? No. ¿Se consideran los derechos humanos? Tampoco. La salida fácil es encontrar un chivo expiatorio, eximirse de responsabilidad y ocultar las lagunas en el cumplimiento de la ley, incluso omitir la discusión de iniciativas en el Congreso porque, supuestamente, en la sociedad no hay consenso acerca de la protección de derechos y garantías individuales. Mientras sigamos permitiendo que la clase gobernante cierre los ojos ante las evidentes fallas del sistema, Aguascalientes seguirá ocupando los primeros sitios en violación a derechos humanos y a ese abandono se sumará el aumento de los delitos violentos.

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