reserva de conocer los resultados de la elección presidencial estadunidense (esta columna fue entregada cuando apenas corrían los primeros números), ya ha quedado de manifiesto algo que en México debería mover a reflexión e incluso a cambios estructurales oportunos: la obsolescencia de ciertos procedimientos electorales y el riesgo de potenciar conflictos por inconformidades que habrían podido evitarse.

No es poca cosa que un candidato como Donald Trump haya hablado de manipulaciones en el proceso electoral estadunidense y se haya mostrado reacio a reconocer de antemano un desenlace que le fuera adverso. No es poca cosa que, a pesar de esa fuerte descalificación a la idea romántica de una democracia ejemplar y limpia, la mitad de los votantes (según diversos estudios de opinión) mantuviera el apoyo a ese peculiar personaje desbocado, sin castigarlo por haberse atrevido a golpear la institucionalidad electoral.

En México, los procesos similares gozan de deplorable fama. No sólo por los partidos, los candidatos y las campañas que suelen moverse en terrenos de suciedad económica y política, sino por el contexto de su organización (el Instituto Nacional Electoral) y de su valoración (el tribunal electoral federal). A pesar de las carretadas de millones de pesos que se invierten en la búsqueda de credibilidad electoral, los resultados dejan insatisfechos a la mayoría de los mexicanos, y la siguiente estación importante, 2018, parece diseñada para cimbrar esas estructuras y eventualmente para condensar el hartazgo social en momentos específicos de inconformidad relacionados con las urnas.

Sin embargo, los tiempos electoralmente violentos que se viven en varias partes del mundo no parecen conmover al dinosaurismo mexicano. Desde ahora están presentes formas de engaño político: por ejemplo, Rafael Moreno Valle y Graco Ramírez, gobernadores de Puebla y de Morelos, respectivamente, se valen de trampas para promoverse en anuncios espectaculares por todo el país, y otros precandidatos utilizan los artificios de las encuestas de opinión por encargo para promover sus presuntas delanteras en las preferencias ciudadanas.

Y, así, desde ahora es previsible la repetición de vicios, problemas y distorsiones que a pesar de sus exagerados presupuestos disponibles no resuelven los órganos correspondientes, como si justamente lo que se buscara fuera la preservación de esas prácticas confusas, propicias para diversas adulteraciones.

Mientras los mexicanos observaban el curso electoral estadunidense desde diversos planos emocionales (de la enjundia antiTrump hasta el valemadrismo absoluto), Enrique Peña Nieto deslizaba el lunes, desde el alcázar de Chapultepec, en la capital del país, la idea de definir una agenda común para establecer una política de Estado en materia de combate a la delincuencia y fortalecimiento de la seguridad pública. Es decir, con todas sus letras, una política transexenal en esa delicada materia: que se haga la voluntad del peñismo en las vacas del compadre sexenal por venir.

Como si fuese candidato en campaña o aún le restara tiempo políticamente útil, Peña Nieto se mostró preocupado y receptivo por los problemas que se han vivido en años recientes (entre ellos, obviamente, los casi cuatro que lleva como encargado del timón nacional): Yo estoy en la total apertura para que hablemos con las organizaciones de la sociedad civil, con las distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que podamos establecer una agenda. Quizá parte de esta agenda la podamos impulsar en los dos años que quedan a esta administración; quizá podamos impulsar el resto de la agenda.

El ocupante de Los Pinos respondió así a la propuesta que había hecho María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa Común y organizadora de un foro sobre seguridad pública que Peña Nieto inauguró. Desde luego, el mexiquense dio cifras, estadísticas y consideraciones de todo tipo para argumentar que las cosas no están tan mal, pero a fin de cuentas aceptó que es necesario ir diseñando políticas más eficaces para lo que queda del sexenio e incluso más allá.

Esa vocación de transexenalidad se agudiza conforme está por iniciarse el tercer tercio del periodo gubernamental peñista. Aun cuando las hojas a arrancar del calendario son muchas de aquí a que el orgullo de Atlacomulco entregue el poder, su fuerza y eficacia políticas están gravemente disminuidas, de tal manera que se está en presencia de una temprana y delatora obsesión por el blindaje hacia el futuro, comenzando por la pretensión aberrante de dejar durante nueve años como fiscal general de la República al cuatachón Raúl Cervantes, recientemente designado titular de la PGR, y el envío con propósitos blanqueadores de quien ocupaba esta fiscalía federal, Arely Gómez, a la Secretaría de la Función Pública, que en términos muy teóricos combate la corrupción de la élite gubernamental. Y, ahora, Peña Nieto está pensando en la manera de dejarle al sucesor las manos atadas en materia de policías y seguridad pública.

¡Santos arreglos, Batman Coppola! A tono con las formas sosegadas del nuevo embajador del Vaticano en México, quien dejó entrever que el asunto de los matrimonios entre personas del mismo sexo no debe resolverse a gritos y sombrerazos, los priístas se atreven a rechazar la iniciativa de Enrique Peña Nieto sobre el tema. Ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados resolvió que siempre no es adecuada la propuesta del mexiquense, y hoy el tema llegará a la Comisión de Puntos Constitucionales. Así que, por lo que se logra ver, todo quedará en una tempestad en un vaso de agua bendita.

Y, mientras el peso mexicano se la pasaba en vela, en espera de conocer hoy tanto el nombre del ganador de la batalla por la Casa Blanca como sus eventuales impactos en la paridad cambiaria, ¡hasta mañana!

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