La Cámara de Diputados suspendió actividades ayer y este viernes, con la finalidad de garantizar los trabajos de los legisladores que habrán de aprobar, en el transcurso de la madrugada de mañana, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.

La decisión de cerrar las instalaciones en San Lázaro la asumió el presidente camaral, Javier Bolaños, quien determinó que el cese de las actividades en la mayoría de los edificios que conforman el palacio legislativo ocupará los días 9, 10 y 11 de noviembre.

Bolaños consideró necesario cerrar la Cámara de Diputados y solicitar el apoyo de la Policía Federal y la de la Ciudad de México para salvaguardar el recinto. Los agentes se instalaron en los accesos de personal y de los vehículos para obstaculizar cualquier intento de ingreso de manifestantes que exigen mayores montos de recursos para sectores sociales.

Desde antier, un nutrido grupo de campesinos provenientes del estado de Puebla (alrededor de mil 500) se apostó en los accesos de San Lázaro. Demandan el resarcimiento del presupuesto destinado al campo, porque en el gasto programado para el actual ejercicio se destinaron más de 80 mil millones de pesos.

Ahora, en el dictamen del PEF 2017, se programa un recorte de 22 mil millones de pesos y los campesinos solicitan, por lo menos, la reasignación de 19 mil millones que compensen la pérdida programada.

Así, la mayoría de los trabajadores asignados a la Cámara de Diputados dejarán de asistir a San Lázaro por las restricciones impuestas por el presidente de la Mesa Directiva. Las personas que no podrán acceder serán invitados y visitantes.

El único acceso vehicular destinado a los diputados será el ubicado en la calle de Sidar y Rovirosa, colindante del Palacio de Justicia Federal y el cuartel policiaco de Balbuena.

Para este jueves se espera que asistan más campesinos provenientes de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y Michoacán. También se anunció la convocatoria a trabajadores de sindicatos independientes y de aquellos provenientes de universidades públicas.

El reclamo de los productores obedece a la necesidad de mayores montos de presupuesto, dada la contracción económica y la persistencia de programas de apoyo, que fueron tocados por el recorte general al gasto público.