Brasilia.

Miles de brasileños pararon este viernes sus actividades y salieron a protestar en 13 estados y el Distrito Federal contra el plan del gobierno conservador de Michel Temer de limitar el gasto público durante 20 años. En Sao Paulo, centro financiero de Brasil, miembros del Movimiento de Trabajadores Sin Techo bloquearon vialidades y quemaron neumáticos al grito de fuera Temer.

Mientras, la justicia brasileña investiga si una donación de un millón de reales, 425 mil dólares, de la constructora Andrade Gutiérrez a la campaña de 2014 del actual mandatario, el conservador Michel Temer, provino del esquema de corrupción contra la paraestatal Petrobras.

El ex presidente de la constructora, Otávio Azevedo, confesó, en el marco de un acuerdo con la justicia para reducir su condena, que la empresa había entregado el cheque de origen ilícito al Partido de los Trabajadores (PT), de los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado mediante un juicio político o impeachment.

Los abogados de Rousseff reviraron dando a conocer esta semana la copia de un cheque por un millón de reales, fechado el 10 de julio de 2014 y depositado el 14 de ese mes en una cuenta del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y acusaron de falso testimonio a Azevedo, quien ahora deberá presentar una nueva declaración ante el Tribunal Superior Electoral.

El portavoz de la presidencia, Alexandre Parola, afirmó que el documento divulgado no tiene nada de ilegal. Se trata de un cheque nominal del PMDB traspasado a la campaña del entonces vicepresidente. Basta con leer el cheque. No hubo ninguna irregularidad en la campaña del actual mandatario, insistió.

Tras el impeachment, que llevó a la destitución de la izquierdista Dilma Rousseff, el gobierno se ha propuesto llevar adelante un severo ajuste fiscal, que busca sanear las cuentas y contener la peor recesión en un siglo del país sudamericano, cuya economía se contrajo 3.8 por ciento en 2015 y tiene un desempleo que afecta a por lo menos 12 millones de personas.

El proyecto de enmienda constitucional (PEC) de Temer incluye limitar el gasto público durante 20 años, revisado sólo con la inflación, y una reforma del sobrecargado sistema de pensiones. Muchos brasileños rechazan esos planes por creer que son anticonstitucionales. Consideran que esas medidas amenazarán sectores cruciales, como la salud y la educación. El PEC ya fue aprobado en octubre por la Cámara de Diputados y ahora debe pasar dos votaciones en el Senado para, eventualmente, ser promulgado en diciembre próximo.

Más protestas se produjeron en Brasilia contra el PEC, donde no hubo transporte público, así como en los estados norteños de Bahía, Espirito Santo, Pernambuco y Río Grande do Norte. De igual forma, en los sureños Río Grande do Sul y Santa Catarina, donde algunos colegios no tuvieron clases, reportaron medios de información.