Agentes del Ministerio Público Federal ingresaron este viernes a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) para entregar una notificación e intentar llevar a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) a la periodista Guadalupe Lizárraga, para que declarara sobre lo que ha escrito en torno al caso Wallace.

Lizárraga ha publicado una serie de reportajes acerca del asesinato de Hugo Alberto, hijo de Isabel Miranda de Wallace, en los que documenta que fue visto por cuando menos siete personas después de su desaparición, el 11 de julio de 2005.

La periodista vive en California, Estados Unidos, desde 2010 y ha publicado en Los Angeles Press varios reportajes sobre el caso Wallace que cuestionan las investigaciones de la PGR.

Los enviados de la procuraduría llegaron al Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, donde se desarrollaba un encuentro de organismos de derechos humanos en el que Lizárraga fue la organizadora.

Los agentes intentaron que los acompañara a la delegación de la dependencia, e intentaron entregarle en propia mano un oficio de notificación, el cual no aceptó porque el segundo apellido no correspondía a ella, y respondió que estaban con la persona equivocada, además de que ella radica en el extranjero y en todo caso debieron acudir con las autoridades consulares.

Denuncia en Guanajuato

Por otro lado, el alcalde perredista del municipio de Cortázar, Guanajuato, Hugo Estefanía Monroy, fue denunciado por difamación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por acusar de extorsión al portal de noticias Códigos.

Tras la captura del subdirector de la corporación local y de tres elementos por efectivos del Ejército de la procuraduría estatal por robar varilla del ferrocarril, el portal publicó que el Ministerio Público federal investigaba si Estefanía Monroy tenía vínculos con el hurto.

Ayer, en rueda de prensa, el alcalde acusó de intento de extorsión. Andrés Guardiola García Gómez, director de Códigos, interpuso una queja ante la PGJE, y señaló que la acusación tiene como fondo criminalizar la libertad de expresión y desacreditar al medio.