El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, acusa que sin motivo ni razón jurídica, el aparato gubernamental mantiene la persecución política en mi contra y del sindicato minero, a pesar de que todas las acciones de este tipo presentadas en su contra (11 en total) se derrumbaron no sólo por su falsedad y perversidad (y así lo dejaron en claro los juzgadores), sino por la resolución explícita (28 de agosto de 2014) del cuarto tribunal colegiado en materia penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exoneración que fue unánime, definitiva y de fondo.

En entrevista con La Jornada, Gómez Urrutia subraya que esa es la situación real: persecución política, y no la puedo describir de otra manera. En ella participan algunos funcionarios y los empresarios que les pagan, como Germán Larrea, Alberto Bailleres y Alonso Ancira. Parece que su estrategia es mantenerme fuera del país a toda costa, pero no estoy dispuesto a que me quiten mis derechos como ciudadano mexicano.

El dirigente minero expone algunas experiencias que acreditan su dicho. La más reciente, el pasado lunes 7 de noviembre: asistí al consulado mexicano en Vancouver para renovar mi pasaporte y el de mi esposa. Con el de ella no hubo problema, pero cuando ingresan mi solicitud al sistema de la Secretaría de Relaciones Exteriores aparece una nota en mi expediente que advierte, en color verde: POSIBLE ARRAIGO, y por eso me niegan la renovación.

El líder minero advierte: “¿posible arraigo, con base en qué? Dos años atrás fui exonerado plena y totalmente de todas y cada una de las acusaciones falsas que me hicieron. ¿Se trata de presionar y chantajear? Pues no van a poder, y estos son hechos concretos que me indignan. En 2006, sin problemas, renové mi pasaporte en el mismo consulado, y ahora amenazan con un ‘posible arraigo’, sin razón ni motivo jurídico, lo que refleja el grado de perversión y deformación que tiene el sistema judicial mexicano. Y un gobierno que no respeta el estado de derecho va al fracaso”.

Pero el caso del pasaporte sólo confirma lo dicho por Gómez Urrutia, quien narra: las cuentas bancarias del sindicato, las de sus funcionarios y las personales siguen congeladas por la Procuraduría General de la República (PGR), no obstante que debieron ser liberadas al día siguiente de la citada resolución del cuarto tribunal colegiado en materia penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, “mi casa en la Ciudad de México estaba asegurada; no se podía rentar ni vender. Finalmente, logramos liberarla, aunque la PGR se resistió; un juez tuvo que ordenarle la liberación. Los funcionarios de la procuraduría pidieron 30 días para integrar el expediente; venció el plazo y solicitaron 10 días más. Se los concedieron, y ya no tenían alternativa, porque el mismo juez ya iba actuar contra ellos… Pero apenas unas horas después la volvieron a asegurar”.

El dirigente minero detalla: “preguntamos con base en qué procedieron en tal sentido, y los de la PGR contestaron que por una ‘denuncia anónima’. Durante semanas se negaron a entregarla para que nuestros abogados la analizaran, pero finalmente el juez dio la orden. La supuesta ‘denuncia anónima’ señala que ‘una noche una persona habló, aparentemente con voz de mujer –así dice el acta– que no quiso dar su nombre ni sus datos’, y aseguraba que en esa casa (propiedad de Gómez Urrutia) yo y otras dos personas (que no existen, son nombres falsos, ya lo investigamos) la utilizábamos para actividades ilícitas. La casa ha estado vacía, asegurada por la procuraduría. Entonces, ¿cómo te acusan y aseguran tu propiedad por un anónimo? Desde luego, la misma PGR la inventó”.

Facilitación de “arreglo“

Pero la justicia mexicana siempre facilita el arreglo. Narra Gómez Urrutia: “congeladas las cuentas bancarias y reasegurada la casa, personal de la PGR se acercó con la ‘solución’: para que me liberaran las cuentas sindicales y personales, y también la casa, los de la procuraduría exigían 40 por ciento del valor de las mismas. Obviamente, lo rechazamos; rebajaron su exigencia a 25, y finalmente estaban dispuestos a recibir 15 por ciento. A cambio cancelarían la ‘denuncia anónima’ y liberarían los bienes”.