Querétaro, Qro.

El alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, pretende autorizar la inversión privada para construir estacionamientos en mercados públicos y, por tanto, la remodelación de estos espacios y la aplicación de un nuevo reglamento con cláusulas leoninas que pondrían en riesgo el patrimonio de los actuales locatarios, denunciaron comerciantes del mercado Escobedo.

Dijeron que hasta ahora conocen un anteproyecto que se refiere exclusivamente a ese centro de abasto –donde se prevé una inversión de 150 millones de pesos–, pero temen que lo anterior dé pie a una ola privatizadora que afecte a otros mercados del municipio capitalino, con perjuicios para los comerciantes.

En un año de gobierno –comenzó el primero de octubre de 2015–, el panista ha dado en concesión a empresas privadas cinco servicios públicos, entre ellos el de recolección de basura e instalación de luminarias del alumbrado público, así como los de parquímetros y renta de bicicletas.

Temen perder sus locales

Comerciantes del mercado Escobedo consultados por La Jornada explicaron que el ayuntamiento ha realizado foros para explicar el anteproyecto y su reglamento, pero sin convocar a todos los interesados. Criticaron particularmente el artículo 224, pues contiene reglamentos que, de aplicarse, les harían perder sus locales.

Según el texto, cuando haya necesidad de efectuar obras de construcción o reconstrucción, así como conservación en los mercados públicos, podrán ser removidos los puestos que de cualquier forma obstaculicen la ejecución de las obras.

Según ese artículo, la dirección de servicios complementarios determinará los lugares donde dichos puestos podrán ser trasladados de manera transitoria, y si al terminar las obras que dieron origen a su cambio fuera posible su reinstalación en el lugar en que se encontraban, así se ordenará. Si la reinstalación no es posible por constituir transgresión al presente reglamento, la dirección señalará el sitio en que quedarán definitivamente los puestos afectados.

Los denunciantes indicaron que el documento no especifica en qué tiempo regresarán a sus espacios comerciales; por ello se acercaron a terceras personas de la presidencia municipal y encontraron que existe un proyecto paralelo para construir un estacionamiento de tres niveles en el mercado Escobedo.

Explicaron que para construir el estacionamiento se planea levantar muros y pilares. En el anteproyecto se indica que los espacios excedentes se asignarían a los inversionistas, no a los locatarios, quienes advirtieron que no sólo tendrán afectaciones al dejar sus locales, sino también podrían quedarse sin éstos y el ayuntamiento decidir discrecionalmente qué personas morales los ocuparán.

Advirtieron que el documento no especifica alguna indemnización por los perjuicios económicos que enfrentarán a causa de la remodelación del mercado, además de que el gobierno municipal planea retirar la licencia de funcionamiento como infracción si se detecta alguna irregularidad o falta, pero no especifica en qué consisten ésas. Por ello temen la pérdida de su patrimonio.

En cambio, en el texto se asienta que los comerciantes no podrán tener más de un local ni heredarlo, y se les obliga a permanecer siempre en él. Es decir, si algún locatario se ausenta por enfermedad, deberá notificarlo al gobierno municipal o el espacio se declarará abandonado. Tampoco podrán fusionar locales.

Negativa ficta

Otra novedad es que se incluye la negativa ficta: si en 15 días el gobierno municipal no contesta alguna petición del locatario, se entenderá como negada.

Los comerciantes advirtieron que en el anteproyecto se violan cuando menos 12 derechos, entre ellos tener una fuente de trabajo digna. Por lo anterior, desde finales de octubre han protestado públicamente y exigen la intervención del gobierno estatal.

Ante la presión, la presidencia municipal aceptó realizar un foro el pasado 3 de noviembre. Asistieron los inconformes y el panista Aguilar Vega prometió posponer el estudio del anteproyecto a febrero próximo y hacer más reuniones, pero los locatarios dudan de las promesas de las autoridades por las privatizaciones hechas en este año.

Ilustraron: en febrero pasado, en sesión nocturna, los regidores de PAN y PRI aprobaron dar en concesión al menos cinco servicios públicos. En agosto pasado el ayuntamiento licitó el servicio de recolección de basura a la empresa Red Recolector SA de CV, cuyas operaciones provocaron la inconformidad de los usuarios, que denunciaron mal servicio.

Luego se concesionó a Brokers Ambiental la construcción y operación de una planta tratadora de residuos sólidos y se otorgó en comodato a la compañía un terreno propiedad del gobierno municipal, donde se edificará la planta.

En junio pasado se adjudicó a la empresa Panavi SA de CV, en asociación con Lámparas Ahorradoras del Estado Sólido, una licitación por 10 años del servicio de luminarias del alumbrado público. Esa compañía instalará 60 mil 573 farolas con tecnología led en el municipio queretano.

Parquímetros y arrendo de bicicletas

En ese mes se informó que la empresa Aquiles Park obtuvo una concesión por 15 años para instalar y operar parquímetros en la vía pública del centro de la ciudad, así como para arrendar bicicletas. Aún no se han instalado los medidores, pues comerciantes del centro histórico se ampararon por considerar que no representa beneficio alguno para los residentes y sí un redituable negocio para la compañía favorecida.

Otra concesión por 10 años para usar bienes de dominio público es la instalación de estructuras para espectaculares, la cual fue la otorgada a Comercializadora Integral en Soluciones.

Para validar las concesiones referidas, el gobierno municipal argumenta carecer de capacidad financiera, técnica y operativa, además de obtener altos ahorros económicos.