Moscú.

En lo que constituye todo un escándalo y no deja de ser un duro golpe a la reputación del gobierno del primer ministro Dimitri Medvediev, el servicio secreto del Kremlin –el FSB, siglas en ruso del Servicio Federal de Seguridad, dependencia sucesora del KGB soviético– detuvo al ministro de Economía de Rusia, Aleksei Uliukayev, acusado de exigir a la petrolera Rosneft un soborno de 2 millones de dólares.

Aunque la noticia se dio a conocer la madrugada de este martes, cuando el Comité de Instrucción de Rusia –tras abrir la respectiva causa penal en contra del alto funcionario– publicó un primer comunicado en su página de Internet a las 2 de la mañana con 33 minutos, la detención de Uliukayev ocurrió la tarde del lunes en la sede de Rosneft, el consorcio más importante del sector petrolero con participación accionaria mayoritaria del Estado y dirigido por Igor Sechin, uno de los hombres más cercanos al presidente Vladimir Putin.

Según Svetlana Petrenko, vocera de ese comité, el ministro acusado de corrupción exigió la elevada suma por haber favorecido a Rosneft con un dictamen que hizo posible que privatizara Bashneft, otra petrolera que pertenecía al Estado, después de que se la confiscó al magnate Vladimir Yevtushenkov, liberado ya del arresto domiciliario en que se encontraba, y a su socio Ural Rajimov, hijo del entonces presidente de Bashkiria, dado a la fuga como responsable del saqueo que sufrió la joya de la economía de esa república autónoma de la Federación Rusa.

Cuando estaba negociando la entrega del dinero, afirmó Petrenko, irrumpieron en la oficina agentes del FSB y se llevaron, esposado, al sorprendido Uliukayev, dando por terminado un operativo de vigilancia encubierta y escuchas telefónicas que duró casi un año, con el visto bueno de Putin.

Sin embargo, a diferencia de otros casos de presunta corrupción con fuerte impacto en la sociedad y amplia difusión en los medios de comunicación, las autoridades no han proporcionado todavía imágenes grabadas de la detención de Uliukayev y tampoco del momento de recibir los billetes marcados probatorios del soborno, como le sucedió –por mencionar un ejemplo reciente– a Nikita Belyj, ex gobernador de la región de Kirov.

Muchos son los políticos y analistas rusos que no pueden creer que Uliukayev se haya atrevido a exigir un soborno a un hombre tan poderoso como Sechin, lo cual equivaldría a ponerse la soga al cuello al violentar todas las reglas del juego.

Aseguran los que ponen en tela de juicio la culpabilidad de Uliukayev que su detención pudo deberse a una venganza o a una maniobra para remover un obstáculo para la inminente privatización de Rosneft, aplicando un castigo ejemplar con dedicatoria al funcionario que le sustituya.

Venganza –dicen– por haberse opuesto Uliukayev a que una petrolera del Estado comprara la mitad de las acciones de otra petrolera del Estado, lo que por otro lado está prohibido por ley, opinión que cambió sólo después de que intervino Putin en favor de la intención de su amigo Sechin. A la postre el Estado obtuvo poco más de 5 mil millones de dólares y Rosneft –al igual que el consorcio británico British Petroleum, que tiene 19.78 por ciento del gigante petrolero ruso, y sus accionistas particulares– se quedó con Bashneft.

Maniobra –explican– para deshacerse de un funcionario incómodo en la víspera de que se concrete la venta de otro 19.78 por ciento de Rosneft a una petrolera de China, aunque también aspira a entrarle al negocio una empresa de India, mientras los directivos de la compañía rusa cabildean para que, el año próximo, se autorice la enajenación de otro 10 por ciento a… los propios directivos, con lo cual Rosneft dejaría de ser un consorcio bajo control del Estado para convertirse en una empresa privada con capital foráneo.

Tampoco excluyen que Uliukayev, sin haber pedido ningún soborno, haya caído en una trampa y que los 2 millones de dólares, según una versión extraoficial depositados en la caja fuerte de un banco, hayan sido una suerte de compensación amistosa ofrecida por Rosneft al grupo de altos funcionarios del gobierno que no ocultaban su simpatía hacia otros posibles compradores de Bashneft y que no ven con buenos ojos que Sechin concentre tanto poder.

Por lo pronto, puesto esta tarde bajo arresto domiciliario por un juez, Uliukayev se enfrenta a una pena máxima de 15 años de cárcel y una multa hasta de 200 millones de dólares, conforme se infiere de la causa penal abierta en su contra por extorsión y aceptar sobornos en gran escala, delitos tipificados en el artículo 290 del Código Penal de Rusia.