En México hay 90 por ciento de impunidad en los delitos cometidos contra periodistas y medios de comunicación, lo que lo ubica como uno de los países con mayor riesgo para el ejercicio de esta labor, aseguró Rodrigo Santiago Juárez, director general del Programa de agravios a periodistas y defensores de derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al participar en un foro para conmemorar el 15 aniversario de la Asociación Mexicana de Derecho al a Información (Amedi), en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el funcionario dijo que cifras de la CNDH señalan que de 2000 a la fecha han sido asesinados en el país 119 periodistas (12 mujeres); desde 2005, 20 han sido desaparecidos (dos mujeres), y de 2006 a 2016 se han cometido 50 atentados contra medios de comunicación.

Agregó que 60 por ciento de los homicidios de estos profesionales se concentran en cinco entidades: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.

Estas cifras convierten a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, lamentó Santiago Juárez. Explicó que de 176 averiguaciones previas abiertas por homicidios, desapariciones y atentados contra medios, sólo en 10 por ciento de los casos existe sentencia condenatoria, lo que se traduce en 90 por ciento de impunidad por esos crímenes. Y si sólo se consideran las desapariciones y los ataques a sedes de informativos, la impunidad alcanza al ciento por ciento de los casos, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.

Indicó que las estadísticas sobre la situación de la prensa mexicana no contribuyen a la idea de un gobierno abierto, obligado a documentar su labor diaria y a fomentar la apertura hacia el escrutinio social.

Antes, José de Jesús Orozco, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, destacó que el sistema iberoamericano garantiza desde hace varios años el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Más de la mitad de los países en el hemisferio cuentan con leyes de acceso al a información y en la región iberoamericana dos terceras partes de naciones tienen normas de este tipo.

El especialista afirmó que el acceso a la información es un derecho fundamental que no sólo tiene una importancia intrínseca, sino que reviste una función instrumental indispensable para cuando menos tres propósitos fundamentales en democracia: el ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control social y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, en especial de los sectores más vulnerables.