El cierre y reposición de los centros de verificación vehicular en Morelos ha desatado una polémica debido a que los ex concesionarios acusan al gobierno, encabezado por Graco Ramírez, de llevar adelante una licitación a modo para favorecer a empresas vinculadas a Jorge Kahwagi Gastine y sus herederos, quienes operan verificentros en varias partes del país.

Los dueños de verificentros se quedaron sin chamba en junio pasado, luego de que la administración estatal ordenó el cierre de los 40 que había en la entidad, con el argumento de que no contaban con la capacidad técnica para cumplir las renovadas normas de la megalópolis (fijadas tras la crisis ambiental que padeció la capital del país).`

Negocio redondo que deja $1.5 millones al mes

Es un proceso superobjetivo con reglas superclaras, responde el gobierno morelense, en palabras del secretario de Administración, Alberto Barona, quien, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), es responsable de la licitación. Se trataba de que la SDS no fuera juez y parte, que luego es lo que a la gente no le gusta.

Es un negocio redondo. Caminando derechito, un verificentro deja un ingreso mensual de un millón y medio de pesos, dice un empresario del ramo en el estado de México.

No todos, claro, caminan derechito. Otro de los argumentos del gobierno morelense para clausurar todos los verificentros fue la corrupción que imperaba en los mismos. Te mandaban la calcomanía a tu casa sin llevar el automóvil, dice un colaborador del mandatario estatal.

Los ex concesionarios no niegan casos de corrupción, pero rechazan que fueran generalizados; afirman que la decisión del gobierno estatal de, por la vía de los hechos, dejar fuera a los empresarios morelenses obedece a que la administración de Graco Ramírez ha tenido como divisa otorgar todos los contratos públicos sólo al círculo de sus cercanos.

Barona afirma que el señalamiento no tiene sentido, porque en la licitación se establece que los concursantes deberán tener un mínimo de tres años de experiencia, es decir, que no será posible crear empresas al vapor para otorgarles el contrato “y asignárselo a un amigo o compañero. Todos los ex concesionarios tienen al menos seis años de experiencia.

Si hubiera existido voluntad de que no participara gente de Morelos, ponías en la licitación que no podía participar nadie que tuviera una concesión suspendida, y eso no se dice. Al revés, está abierta y se les concedió a ellos tiempo para participar, asegura.

Los ex concesionarios van más allá de lo que dice la convocatoria de licitación. Afirman que a varios de ellos no les quisieron recibir sus carpetas con argumentos absurdos y que, además, el gobierno de Morelos sólo facultó a dos empresas para otorgar las cartas de intención requeridas. En tales cartas, las compañías que venden los equipos y el software para la verificación de los automotores se comprometen a instalar y dar mantenimiento a las máquinas. Los proveedores están certificados desde la Ciudad de México, según las normas de la Semarnat, y son los mismos para toda la megalópolis, dice Barona.

Pero sucede, según los ex concesionarios, que sólo dos compañías fueron facultadas por el gobierno estatal para otorgar tales documentos: Keytronics y Herramientas Quintana.

Uno de los ex dueños de verificentros reta: “trata de que una de esas empresas te dé la carta. Te van a poner pretextos fútiles, como que ‘ahorita no están los ingenieros’, o de plano ni te van a dejar entrar. Hay otras empresas, pero a ninguna más dejaron participar”.

Según los ex concesionarios, los Kahwagi se quedan con una buena parte del pastel vía sus relaciones políticas y el empleo de prestanombres, lo que les permite pasar por encima de las reglas establecidas en entidades como Morelos, donde sólo se otorga una concesión por persona o razón social.

Reacios a dar sus nombres para esta nota (“en otros estados los Kahwagi han amenazado directamente a compañeros con ‘partirles la madre’ si se presentan a una licitación”), pero identificados plenamente, los ex concesionarios aseguran que el posible vínculo entre el gobierno de Ramírez y Kahwagi es José Francisco Trauwitz, quien fue funcionario del gobierno morelense y cuyo primo ocupó la Secretaría de Turismo con Rafael Moreno Valle, en Puebla.

En esta última entidad, la Profepa clausuró en julio pasado varios verificentros propiedad de los Kahwagi: Supuestamente, con los nuevos operadores de verificentros los vicios, las corruptelas, la negligencia y otros aspectos negativos serían borrados, pero ha quedado por demás claro que los asuntos perniciosos no solamente prevalecieron, sino que se agravaron, escribió en su editorial La Jornada de Oriente, diario que también informó que las concesiones las ostentan personeros de Jorge Kahwagi y su primo, el morenovallista José Cabalán Macari (miembro del gabinete de Moreno Valle).

El secretario de Administración del gobierno morelense ataja: yo no conozco a Kahwagi ni sus empresas; conmigo no se acerca la gente de los verificentros, y lo agradezco.