l titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis González Pérez, advirtió ayer que México debe estar preparado para el peor escenario ante la posible concreción de las reiteradas amenazas formuladas por el presidente electo Donald Trump en el sentido de que emprenderá una deportación masiva de mexicanos del país vecino. El funcionario instó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a revisar los instrumentos internacionales que se tienen para hacer uso de ellos y a fortalecer las capacidades para la atención de los connacionales que pudieran ser expulsados en masa del territorio estadunidense. Asimismo, González Pérez dijo que la CNDH mantendrá comunicación permanente con los consulados de México en Estados Unidos para que conozcan los derechos que tienen nuestros connacionales allá.

Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, anunció diversas acciones para brindar a los migrantes mexicanos información y orientación oportuna a fin de evitar que sean víctimas de abusos y fraudes; por ejemplo, la activación de una línea telefónica para atender dudas sobre asistencia y protección consular, aumentar la presencia de consulados móviles y lanzar una aplicación para dispositivos electrónicos con información sobre disposiciones migratorias y servicios consulares.

Ello ocurre con el telón de fondo de la zozobra que recorre a las comunidades de connacionales por los ominosos propósitos de Trump y de la incertidumbre generalizada que se cierne sobre Estados Unidos en torno a la viabilidad de las disparatadas y peligrosas acciones de gobierno que el republicano ha prometido poner en marcha.

Sin duda, hay razones para pensar que la institucionalidad y los intereses corporativos en el país vecino frenarán, al menos parcialmente, algunos de los propósitos del presidente electo, pero asiste la razón al ombudsman cuando llama a prepararse para lo peor, es decir, a la eventualidad de que Trump logre llevar a la práctica todas las amenazas que ha formulado. Por desgracia, éstas no se limitan a la deportación en masa de mexicanos y migrantes de otras nacionalidades, sino también a medidas económicas y fiscales sumamente agresivas en contra de México, que llevarían a la pérdida inmediata de empleos y de divisas procedentes de las exportaciones.

Desde esta perspectiva, los preparativos gubernamentales anunciados resultan del todo insuficientes. Más allá de medidas de información y asistencia a migrantes, es preciso imaginar vías de acción en un escenario de desconexión económica con Estados Unidos –que es, en suma, lo que pretende el presidente electo del país vecino–: una política exterior sustancialmente distinta a la actual, en la que el gobierno nacional empiece a negociar con dureza y recupere su liderazgo regional en Centroamérica; la creación de millones de empleos capaces de absorber a la masa de trabajadores que perderían los suyos y a los que lleguen, así como la construcción emergente de viviendas, escuelas, clínicas y otros centros de servicio.

Es necesario, en suma, emprender un viraje también en la orientación económica a fin de que resulte practicable un plan de rescate para algo así como 10 millones de personas que, ante una aplicación a rajatabla del programa de Trump, podrían encontrarse en una situación de total carencia. Ello implica involucrar a todo el gobierno federal y a la suma de las instituciones nacionales en un esfuerzo radical y sin precedente en la historia nacional, y conlleva, ciertamente, un costo astronómico. Pero el precio de no hacerlo podría ser mucho más elevado: si el inminente sucesor de Barack Obama consiguiera hacer realidad todo lo que ha predicado, México se encontraría ante una catástrofe humana inmanejable, desestabilizadora y trágica. Es tiempo de actuar.