Cuatro años después de que ejidatarios de La Sierrita interpusieran una demanda en contra de la minera canadiense, Excellon de México, el Tribunal Unitario Agrario del distrito sexto de Torreón, Coahuila, finalmente emitió una resolución en la que condena a la empresa a la desocupación inmediata de las tierras del ejido, así como el pago de 5 millones 500 mil pesos a los campesinos.

Sin embargo, en la misma sentencia, la magistrada Marcela Gerardina Ramírez Borjón, ordena que el ejido deberá pagar a la empresa minera la cantidad de 5 millones 612 mil 38 pesos, lo que es un absurdo y una burla legal, ya de esta manera se mantiene el embargo sobre las tierras arrendadas, hasta que el ejido liquide el adeudo con la empresa.

Es decir, les reconocen el derecho a la tierra pero les están negando a los campesinos el acceso a la justicia, por lo que los ejidatarios se ampararán contra esta resolución, indicó el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC ProDesc.

El abogado y coordinador del área de justicia trasnacional de esta organización, Juan Antonio López, explicó que dicho juzgado está violando el derecho humano a la propiedad social; viola además el artículo 27 de la Constitución, el cual señala que las tierras ejidales son inembargables y que las mismas no pueden mantenerse condicionadas por un adeudo económico y civil.

Además, dijo, es inaudito que una sentencia sea tan ambigüa, al condenar a ambas partes a pagar a la otra cantidades prácticamente idénticas.

El presidente del Comisariado Ejidal de La Sierrita, Daniel Pacheco, indicó que van a presentar una demanda de amparo ante la decisión de la juez, y dijo que la sentencia representa una victoria parcial, ya que podrán recuperar sus tierras, y seguirán organizados para continuar el proceso, pero sobre todo mantendrán su exigencia de que les respeten sus derechos humanos y que haya justicia total para los ejidatarios.

Refirió que durante tres años la minera canadiense ha explotado sus tierras sin pagar la renta a los campesinos, incumplió el contrato de arrendamiento y ante los ofrecimientos que hizo en materia económica, social y medioambiental ha tenido falta de voluntad de negociación y diálogo.