Las fuerzas policiacas que el pasado 19 de junio desalojaron un bloqueo carretero en el estado de Oaxaca incurrieron en diversas violaciones graves a los derechos humanos –entre ellos a la vida, la integridad física y la libertad–, generadas por un uso excesivo de la fuerza que aún no se ha investigado adecuadamente.

Así lo concluyó un informe sobre el tema realizado por diversas organizaciones civiles, quienes resaltaron que el saldo de dicha acción fue de 8 personas fallecidas, más de 200 heridas y una cantidad indeterminada de ciudadanos que hasta la fecha padecen trastornos físicos y sicológicos a consecuencia del ataque.

El documento de 94 páginas explica en primer lugar que el bloqueo de la autopista que une las ciudades de México y Oaxaca estuvo motivado por el descontento de padres de familia y maestros en contra de la reforma educativa del gobierno federal.

Con el argumento de permitir el libre tránsito de vehículos y evitar el desabasto de víveres, el gobernador oaxaqueño Gabino Cué le solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad que desalojara la carretera, en un operativo en el que participaron agentes de las policías estatal y federal, así como la División de Gendarmería.

De acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Comité de Derechos Humanos Gobixha, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y la asociación civil Luna del Sur, el operativo dio inicio en las primeras horas del 19 de junio con gases lacrimógenos que fueron lanzados sin previo aviso contra los manifestantes.

Aunque las autoridades afirmaron que los policías no estaban armados, fotografías y videos divulgados por medios de comunicación las obligaron a admitir que los agentes sí portaban fusiles de asalto y armas cortas.

La investigación documentó que la policía hizo vuelos rasantes en helicóptero para intimidar a la población y rociarla con gas lacrimógeno, y que más tarde accionó sus armas de fuego de manera indiscriminada en diversos puntos de las comunidad de Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera.

Como resultado de estas acciones, 8 personas murieron –7 de ellas ejecutadas por disparos de bala– y 226 sufrieron heridas diversas, entre ellas fracturas, lesiones por disparos de bala de goma, intoxicación, quemaduras y traumas sicológicos. Por su parte, la Policía Federal reportó 73 agentes lastimados.

Las organizaciones autoras del informe subrayaron que lo ocurrido el 19 de junio tuvo como origen el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía, que atacó a manifestantes y a población civil en general pese a que había logrado desbloquear la autopista en los primeros 15 minutos del operativo, sin necesidad de enfrentamientos.

Todo lo anterior hizo posible identificar múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes, entre ellas el derecho a la vida, la integridad física, la libertad, la salud, la libertad de expresión y el debido proceso legal y la seguridad jurídica.

Además, los policías violaron el derecho a no sufrir tortura y afectaron las garantías de sectores vulnerables, como mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Los agentes, de acuerdo con el informe, realizaron detenciones arbitrarias, amenazaron a los pobladores con matarlos o desaparecerlos, los torturaron física y sicológicamente, impidieron que recibieran atención médica, les dirigieron insultos sexistas o racistas y trataron de ocultar las agresiones.

Por todo ello, las organizaciones de derechos humanos formularon diversas recomendaciones a las autoridades estatales y federales, entre ellas garantizar que los cuerpos de seguridad cuenten con protocolos de actuación en caso de desalojos.

Asimismo, exhortaron al gobierno del país a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para deslindar responsabilidades, y a evitar la estigmatización y revictimización de los afectados.