La afirmación del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, de que 90 por ciento de las personas asesinadas en dicho estado andaban en malos pasos y por ello su muerte no se investiga, es una muestra de irresponsabilidad y un elemento que contribuye a la estigmatización de las víctimas de la violencia, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cuestionó el origen y la veracidad de los datos mencionados por el gobernador, así como el hecho de tomarlos de pretexto para no indagar en estos casos.

Aunque estuviéramos en presencia de homicidios entre miembros de la delincuencia organizada, eso no exime a la fiscalía estatal o la Procuraduría General de la República de investigar todos los homicidios, y no sólo 10 por ciento, para así descartar que se estén cometiendo abusos y arbitrariedades, indicó.

La tasa de homicidios dolosos, recordó la especialista, ha ido subiendo desde 2007; en 2011 dio un repunte impresionante y luego volvió a bajar, pero no de manera significativa. Todo ello habla de que los asesinatos son un fenómeno complejo que no se puede explicar de manera simplista.

Por ello, “es verdaderamente penoso lo que dice (López Valdez), porque está minimizando todo con una explicación muy cómoda al decir que ‘los malos’ se están matando entre ellos. De esta forma, se tendría un diagnóstico poco certero y no se pondrán en marcha políticas adecuadas”.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, coincidió en que los dichos del gobernador sinaloense están totalmente fuera del marco jurídico y de sus obligaciones, y dejan ver que la no investigación de delitos graves es una práctica común en los más altos niveles.

Decir que los homicidios no se investigan porque las víctimas andaban en malos pasos forma parte de un discurso justificatorio para ocultar la incapacidad y las deficiencias de nuestras instituciones de justicia, lamentó.

Para el especialista, las declaraciones del mandatario de Sinaloa demuestran la necesidad de que las procuradurías no dependan de los gobiernos estatales, porque de lo contrario se llega a deformaciones como estas, donde el gobernador se vuelve el gran responsable de la justicia, que termina echando casos a la basura y estigmatizando a personas asesinadas sin averiguar qué pasó con ellas.