Culiacán, Sin.

Siete agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa que acudieron en auxilio de los militares que fueron emboscados el pasado 30 de septiembre donde murieron cinco soldados, solicitaron amparos ante juzgados federales contra el aseguramiento de teléfonos móviles, su arraigo y posible detención por la Procuraduría General de la República (PGR).

Los agentes ministeriales forman parte de los 30 efectivos cuyos teléfonos fueron incautados por personal militar y elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, durante una revisión de armas efectuada el 10 de octubre pasado a personal de la Policía Ministerial en esta ciudad.

El operativo se efectuó después de la emboscada perpetrada por cerca de 70 sicarios del cártel de Sinaloa, el 30 de septiembre, en la entrada norte de Culiacán, cuando un convoy militar trasladaba a un sujeto que resultó herido durante un enfrentamiento con los uniformados, en el municipio de Badiraguato.

El ataque derivó en el rescate del herido, quien fue identificado como Julio Óscar Ortiz Vega, alias El Kevin, cuyo paradero se desconoce. Ahí fallecieron cinco militares y hubo 10 lesionados, entre ellos nueve soldados y un socorrista de la Cruz Roja.

Los siete agentes, cuyas identidades se desconoce, acudieron a juzgados de distrito a solicitar amparos, pero también interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuestas violaciones a sus garantías, así como ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las solicitudes de amparo fueron confirmadas por Ricardo Arnulfo Mendoza, abogado de los agentes, quien detalló que pretenden evitar que se obtenga información de manera ilegal, a través de los teléfonos celulares de los ministeriales, y que éstos sean detenidos.

Se busca que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de todo lo que se hizo y de lo que se tiene pensado hacer, si realmente pretende intervenir la comunicación de esos teléfonos, sostuvo.

Agregó que los jueces federales de Culiacán aceptaron ya los amparos, y están en trámite para protegerlos a ellos de que no se intervenga la comunicación de los teléfonos, que no se les detenga y que no se les arraigue, mencionó el abogado.