Con el aval de PRI, PAN y PRD avanza en el Senado la nueva Ley Federal de Archivos, encaminada a proteger el patrimonio histórico de la nación, además de fortalecer la transparencia y acceso a la información a los ciudadanos.

La iniciativa fue elaborada conjuntamente con organizaciones de la sociedad civil durante los dos años pasados y contiene por primera vez sanciones para el robo, alteración o mutilación de documentos que estén en archivos, hasta por 10 años de prisión.

Sanciones

Cristina Díaz, senadora del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación, detalló que se trata de una novedad en las leyes de archivos en el país que se establezca la privación de la libertad; sin embargo, esto se decidió para evitar que documentos considerados patrimonio documental sean destruidos o inutilizados total o parcialmente.

Las sanciones se aplican también a quien traslade documentos fuera del territorio nacional o los retengan en el extranjero una vez vencido el plazo que autorizó su traslado al exterior.

Sobre el tema, Laura Angélica Rojas, senadora del PAN, agregó que la iniciativa señala que los archivos históricos serán públicos y podrán ser consultados de manera irrestricta, ya que no estarán sujetos ni a la Ley de Acceso a la Información ni a la Ley de Protección de Datos Personales.

Agregó que esta iniciativa es relevante, ya que apremia una regulación general aplicable a los tres órdenes de gobierno, a todos los poderes y a los órganos constitucionales autónomos, a fin de ordenar los archivos que son la base tanto del derecho de acceso a la información pública como los que permiten salvaguardar la memoria histórica del país.

En tanto, el senador perredista Zoé Robledo detalló que a partir del próximo 28 de noviembre se llevarán a cabo audiencias públicas en torno a esa iniciativa, ya que la intención es que se incorporen al proyecto de dictamen –presentado la semana pasada ante el pleno– las observaciones de académicos y especialistas.

Los legisladores coincidieron en que la intención es que la reforma, con la que se concluye el ciclo de la legislación en materia de transparencia, sea aprobada en este periodo de sesiones.