Tijuana, BC.

A la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Sinaloa le pereció verosímil que un trabajador declarara que su salario integrado diario era de 49 mil 897.57 pesos (más de un millón de pesos al mes) y condenó a su patrón a pagarle una indemnización por despido injustificado de 59 millones 127 mil 908.61 pesos, laudo inédito en la entidad.

Según el expediente, la JLCA aceptó lo dicho por José Gonzalo Espinoza Pablos, con el argumento de que la Ley Federal del Trabajo estipula que se debe creer al trabajador. Sus hermanos Carlos Armando y Javier Espinoza Pablos también han recibido trato favorable de la JLCA.

Los tres crearon en 2002 la empresa EPSA para asociarse con la estadunidense Andrew and Williamson Fresh Produce (comercializadora en Estados Unidos de productos de Baja California y Baja California Sur, donde tiene sociedad con otras empresas mexicanas). Ellos tenían 40 por ciento, y los estadunidenses, 60.

José Gonzalo fue designado administrador único y director general de Agrícola EPSA; Carlos Armando, director comercial, y Javier, director de producción.

Los socios de Estados Unidos adquirieron un rancho en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato, en la colonia Aguaruto, y ahí instalaron el campo agrícola.

En 2010 EPSA ganó el premio anual a la excelencia en la producción de jitomate. En esa ocasión Carlos Espinoza relató en una entrevista: “Empezamos en 2002 con una alianza estratégica junto a una compañía de Estados Unidos, que actualmente es nuestro distribuidor, Andrew and Williamson Fresh Produce. Se reunieron con mi hermano y le dijeron: ‘Necesitamos un programa de invierno’. Nosotros estábamos buscando hacer una nueva agrícola, y nos pusimos a trabajar”.

Empezaron cultivando 120 hectáreas de jitomate y 60 de chile a campo abierto. En 2010 ya tenían sembradas 55 hectáreas de jitomate Roma y pepino.

Alegan administración fraudulenta

En 2013 la alianza se rompió y EPSA desapareció. Sin embargo, la sociedad no concluyó en los mejores términos, como definió el abogado César H. Hach Delgado –representante de Agrícola Baja, quien tomó el control del campo y la maquinaria propiedad de los estadunidenses– en una carta enviada al gobernador Mario López Valdez, porque mis representados se duelen de que fueron objeto de administración fraudulenta.

Los hermanos demandaron laboralmente a las empresas que siguieron operando el campo, ya sin ellos. Carlos Armando y Javier presentaron el 5 de noviembre de 2013 su querella contra EPSA y Agrícola Baja SA de CV como patrón sustituto, y contra Andrew y Williamson de México, la comercializadora que derrama todos los ingresos.

Como su hermano José Gonzalo era el administrador único de Epsa y su jefe, que los contrató de manera escrita y por tiempo indeterminado, lo incluyeron en su demanda.

Carlos Armando Espinoza Pablos pidió 3 millones 73 mil 481 pesos por despido injustificado, más 7 millones 604 mil pesos por 20 días por cada año de servicio, aguinaldo, prima vacacional, días festivos, horas extras (que tasó en más de 4 millones de pesos), salarios caídos a razón de 34 mil 149.79 al día, en términos de los artículos 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo. Además demandó pagos de Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, Sistema de Ahorro para el Retiro y fondo de ahorro.

Ganaba, según declaró, un millón 24 mil 493 pesos mensuales. Más bonos anuales, seguro de gastos médicos mayores para él y su familia plan premier: un seguro de vida que pagaba la empresa y cuya póliza era de 50 mil pesos anuales; además, recibía 10 mil pesos mensuales para gasolina y una suma igual para teléfono celular. La empresa le rentaba una camioneta Toyota Rav 4, por la que pagaba 10 mil pesos mensuales, y recibía de su hermano, que era el administrador único, mil 200 dólares mensuales por gastos diversos que eran pagados en efectivo, cheque o transferencia a diversas cuentas bancarias en el país o en el extranjero, dice la demanda que presentó el despacho Franco’s Briggs y Asociados.

Javier Espinoza demandó 723 mil 616.20 pesos de indemnización por despido injustificado, más todo lo que pidió su hermano, sólo que declaró que su salario diario integrado era de 8 mil pesos.

Los hermanos Carlos Armando y Javier argumentaron que por motivos desconocidos, la empresa realizó cambios internos (y) de manejo de contabilidad para hacer parecer que Agrícola EPSA estaba sufriendo pérdidas y dejó de operar casi en su totalidad el año pasado (2012), y el 23 de septiembre de 2013, Diana Claudette Burgueño, jefa de recursos humanos, les informó que estaban despedidos.

Buscaron a su hermano Gonzalo y éste les confirmó que no podía hacer nada, pero 10 días después José Gonzalo también demandó a quien resulte propietario responsable de la fuente de trabajo ubicada en el kilómetro 10 de la carretera Culiacán-Navolato sin número, sindicatura de Aguaruto, Sinaloa. La demanda se presentó el 15 de noviembre de 2013, según el sello de recibido del documento. Sin embargo, el número de expediente corresponde a 2015.

Gonzalo Espinoza Pablos exigió por despido injustificado 2 millones 392 mil 55 pesos. Informó que le rescindieron el contrato el 24 de septiembre (un día después que a sus hermanos). Demandó 7.5 millones de pesos por horas extras, 6 millones por indemnización correspondiente a 20 días por año, vacaciones y otras prestaciones.

Dejó asentado que tenía a su cargo la dirección, toma de decisiones, producción y venta, y que en el último año (2013) el socio mayoritario, Andrew and Williamson Sales Co Inc, había reducido fondos a Agrícola EPSA; que no pagaba a proveedores, que tenía cinco meses sin cobrar salario y que los habían hecho firmar convenios de sustitución patronal a efecto de que otra razón social opere los recursos económicos.

A lo largo del juicio, la junta rechazó documentos con los cuales los estadunidenses intentaron demostrar que eran viejos socios, que la sociedad había concluido, que eran los encargados de administrar la empresa, que por ello también cobraban como trabajadores y que cuando tuvieron problemas los Espinoza Pablos presuntamente dejaron de presentarse a la empresa.

En julio pasado, tres años después de la ruptura y luego de un juicio laboral que duró apenas siete meses, el gobierno de Sinaloa emitió un laudo condenatorio contra Andrew and Williams de México para que pague a los tres hermanos 121 millones 7 mil 865 pesos y embargue la maquinaria, el equipo y el rancho de 126 hectáreas donde se cultiva jitomate y viven alrededor de 600 jornaleros agrícolas.

El campo –de acuerdo con el edicto publicado el 10 de octubre en el periódico El Debate de Culiacán– fue rematado en 59 millones 490 mil pesos y la suma será dividida entre los tres hermanos Espinoza Pablos.