En el primer asunto por desaparición forzada cometido en el contexto de la lucha contra el narcotráfico en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) el caso de dos mujeres y un hombre privados de la libertad por militares en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, en 2009.

En su informe de fondo, la CIDH señala que a más de siete años de ocurridos los hechos, prevalece la impunidad, pero también se acreditan actos de encubrimiento de las fuerzas armadas, además de que la aplicación de la justicia militar en este caso resultó violatoria del derecho al no contar con una autoridad competente, independiente e imparcial para la obtención de justicia.

El asunto es sobre José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, todos primos entre sí, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por militares en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando visitaban a sus familias. Ellos trabajaban en Ciudad Juárez.

Hay datos que acreditan que tras su detención arbitraria, el vehículo en el que viajaban fue llevado a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación de ese municipio.

La mujer pudo hacer una llamada

Una de las tres personas detenidas de manera ilegal por el Ejército pudo hacer una llamada telefónica los primeros días de febrero de 2010. “Nitza Paola Alvarado Espinoza consiguió llamar por teléfono a un amigo el 4 de febrero. Lloraba y decía: ¡por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí, tengo miedo!. En ese momento el amigo oyó la voz de dos hombres, uno de los cuales decía: ¡pinche vieja culera, ya habló, te dije que no la dejaras sola!, y la comunicación se cortó”, según una acción urgente emitida días después por Amnistía Internacional.

Además, tres funcionarios de la procuraduría de Chihuahua confirmaron verbalmente a familiares que las víctimas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego José Luján, comandante del 35 batallón de Infantería en Nuevo Casas Grandes.

Además, hubo violaciones a los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su contra, y el desplazamiento forzado de algunos de ellos.

En su reporte, la CIDH señala que la relevancia de este caso es porque se trata de un problema actual que ha aumentado en los últimos años y ha merecido pronunciamientos, recomendaciones y expresiones de profunda preocupación por la misma comisión y de múltiples organismos internacionales y mandatos especiales en el ámbito de las Naciones Unidas.

Finalmente, la comisión informó que su decisión de someter el caso a la Coridh se debe a que el Estado mexicano no cumplió con las recomendaciones contenidas en el llamado informe de fondo, emitidas el 26 de mayo de 2010, cuando el organismo exigió adoptar las medidas necesarias para determinar el paradero de los tres jóvenes, además de proteger su libertad e integridad personales y su vida, y en 2011 otras medidas cautelares, que tampoco cumplió.