La elección del fiscal anticorrupción quedará pendiente hasta el próximo periodo de sesiones que se inicia en febrero de 2017, pues de nuevo las fuerzas políticas no encuentran un perfil fuerte entre los 32 candidatos inscritos, entre ellos Ximena Puente de la Mora, actual presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ayer el pleno del Senado aprobó retrasar una semana el proceso, que de acuerdo con la primera convocatoria debía iniciarse el próximo día 29, cuando las comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana debían entregar el informe de idoneidad de los aspirantes inscritos a la Junta de Coordinación Política.

Con la nueva fecha acordada, será el 9 de diciembre cuando las comisiones hagan llegar al órgano de gobierno del Senado el listado con los nombres de quienes reúnen los requisitos para contender por la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, a fin de que se programen las comparecencias.

Al respecto, los coordinadores del PAN y PRD, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, señalaron que la Comisión de Justicia pidió tiempo para entrar a la discusión de ese tema que es fundamental para el Senado, en momentos en los que sólo quedan tres semanas para que concluya el actual periodo de sesiones.

Por ello, concluyeron, lo más probable es que el tema quede pendiente hasta febrero del próximo año. Después de las comparecencias, se evaluará si encontramos el perfil que debe reunir quién asumirá el cargo de fiscal anticorrupción, recalcó el senador Barbosa.

Tema de alta responsabilidad

Por su parte, el panista Herrera dijo que es un tema de la más alta responsabilidad que obliga a un consenso más amplio, no sólo de los partidos, sino también de quienes hacen vida y opinión pública dentro de la sociedad. Queremos máxima publicidad para este nombramiento, y así lo vamos a trabajar.

Se sabe que no hay acuerdo entre las fuerzas políticas, pues PAN y PRD no ven ningún perfil fuerte entre los 32 candidatos inscritos, ni siquiera en el caso de Ximena Puente de la Mora, actual titular del INAI, a quien el PRI impulsa para que se convierta en la primera fiscal anticorrupción.

Por otra parte, el senador perredista Zoé Robledo presentó ayer ante el pleno una iniciativa para instaurar la muerte civil a funcionarios que reincidan en actos de corrupción. Se trata de una reforma el Código Penal Federal a fin de inhabilitar de manera permanente a servidores públicos que por segunda ocasión utilicen recursos públicos de forma forma ilegal.

De esta manera, el funcionario corrupto no volverá a estar cerca del dinero de los mexicanos. No podrá volver a trabajar en los gobiernos federal, estatal o municipal, pues se procederá a la suspensión de derechos para ejercer la profesión, oficio, autorización, licencia o permiso relacionado con las conductas ilícitas que originen la sentencia, recalcó el senador Robledo.