El general de división en retiro Luis Garfias Magaña se pronunció contra la propuesta de ley que pretende facultar a las fuerzas armadas para perseguir e investigar delitos relacionados con el mantenimiento de la seguridad interior. La Constitución es muy clara y prevé la suspensión de garantías ante hechos como el incremento de la violencia y para combatir al crimen organizado, aseveró.

Garfias cuestionó a los legisladores por la ignorancia que tienen respecto de temas de seguridad y destacó que no hace falta aprobar ninguna nueva ley para dotar de un marco legal al Ejército y la Armada de México, simplemente que se aplique la Constitución.

El divisionario, quien en su momento encabezó la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, señaló que el artículo 29 constitucional es muy claro y resulta inexplicable que ni el Ejecutivo federal, ni los legisladores, ni los secretarios de la Defensa Nacional y Marina hagan algo por aplicarlo, siendo que está presente desde la Constitución de 1857 y se ha mantenido hasta la fecha.

El artículo 29 señala: En los casos de invasión, perturbación grave a la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculos para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado y en una zona del país específica.

En entrevista, Garfias dijo que con la aplicación de ese artículo se protegería a las fuerzas armadas y a la población. Se establecerían medidas como el toque de queda, se prohibiría (después de determinada hora) la reunión de cinco o más personas, y las policías y militares podrían actuar sin orden de cateo, por ejemplo.

Precisamente por tener implicaciones tan delicadas su eventual aplicación tendría que darse con personal adiestrado y capacitado que garantice que no se cometerán abusos, además de que la población tendría que estar informada, indicó.

–¿Y por qué si está la solución a la violencia no se aplica?

–Por miedo, por ignorancia o por las dos cosas.

Dijo que en caso de que se aprobara la ley para facultar a las fuerzas armadas a realizar labores de investigación, quien tendría que asumir esa responsabilidad sería la Policía Judicial Militar, la cual tiene capacitación y adiestramiento para ese tipo de funciones, en apoyo del Ministerio Público.