a inseguridad y la violencia han alcanzado niveles que obligan a las autoridades a revisar profundamente lo que se ha hecho para identificar lo que no ha funcionado y definir nuevas estrategias que den resultados exitosos.

No pueden seguir haciendo lo mismo si ven que los resultados no son diferentes. Cada vez que los asesinatos se disparan proceden exactamente de la misma manera: más soldados, más marinos, más, más, para acabar en lo mismo.

Antes que pensar en la designación de un comisionado, preciso sería sopesar el papel que ha desempeñado el Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), al igual que el Grupo de Coordinación Acapulco, donde tienen representación los tres niveles de gobierno, pero el federal está a la cabeza.

Si el gobierno federal encabeza la batalla –si no la guerra– contra el crimen, habría que preguntarse: ¿qué diferencia habría en que la Federación esté al mando mediante el GCG y un comisionado?

Hay que ser realista para admitir que, desmanteladas, incapacitadas y desorganizadas como están, las policías municipales nunca tendrán posibilidades de prevenir ni siquiera la delincuencia común menos aún la organizada, igual que la policía estatal, por más nombres y clasificaciones que le den.

Si los delitos federales son los que prevalecen, toca al gobierno de la República tomar en serio el combate al crimen organizado en vez de jugar a mandar más elementos siempre que la cresta de homicidios se dispara y con ella el pánico.

Ni el GCG, ni las bases de operaciones mixtas, ni los retenes, ni los recorridos ni los C-4 han arrojado resultados que devuelvan la tranquilidad a los guerrerenses.

El gobierno del estado está incapacitado para acabar con la delincuencia; como suelen decir los rancheros: “grita pa’ que no lo tusen”; pide apoyo cuando en realidad se requiere que la Federación se haga absoluta responsable de la situación y la encare, sin buscar más justificaciones al culpar a estado y municipios de no hacer su trabajo, porque ni a uno ni al otro les toca atacar los delitos federales.