El acceso a los servicios de aborto en caso de violación aún es limitado en el país a pesar de estar reconocido en el marco jurídico nacional e internacional. Una de las razones es que a sabiendas de que el marco legal les impone la obligación de prestar el servicio de aborto seguro en casos de violación sexual sin requisito alguno, existe personal de salud que antepone sus creencias religiosas o morales por encima de los derechos humanos de niñas y mujeres, y en contravención a la ley, expresa el informe Violencia sin Interrupción, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

El estudio subraya que en muchas ocasiones niñas y mujeres se ven obstaculizadas para ejercer sus derechos humanos por el desconocimiento del personal médico del marco jurídico en el que su actuación como profesionales de la salud debe enmarcarse.

Es común que supongan que el acceso de una niña o mujer víctima de violación a servicios de aborto es un delito y actúan bajo esa creencia, negándolo o entorpeciéndolo. Sin embargo, además de revictimizarlas e incurrir en violaciones de sus derechos humanos, contravienen la ley.

Gire refiere que ante estas situaciones es urgente que las autoridades de salud, de procuración e impartición de justicia apliquen la normativa vigente en materia de acceso a servicios de interrupción del embarazo por violación sexual.

Apunta que mediante solicitudes de acceso a la información, Gire obtuvo que de enero 2009 al 30 de junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual en las procuradurías generales de justicia locales y la Procuraduría General de la República.

Remarca que tales cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e Issste reportan haber realizado durante el mismo periodo: tan sólo 61.

El estudio expone que desde 2013, con la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas, se eliminaron del marco legal los requisitos a víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos para acceder al aborto legal.