Ante la falta de mecanismos institucionales para identificar cuando mueren a los integrantes de poblaciones callejeras, organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de México, desarrollar un protocolo de actuación para garantizar el derecho a la identidad de estas personas y con ello evitar que terminen en la fosa común.

Con la campaña Chiras pelas calacas flacas y el hashtag #SinDesconocidxs, documentaron el deceso de 45 personas que dormían en 26 refugios instalados en calles de la Ciudad de México. Las muertes ocurrieron, principalmente, por accidentes de tránsito, enfermedades asociadas al consumo de solventes y un dato alarmante, fue el aumentó de homicidios.

De acuerdo con las cifras, que dieron a conocer las organizaciones sociales, entre las cuales está El Caracol y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), de 2010 a 2016 murieron en promedio cada año 400 personas en la vía pública, las cuales fueron catalogadas como desconocidas.

La referida categoría, expusieron, aumenta con los integrantes de las poblaciones callejeras, porque al no contar con vínculos familiares o documentos de identidad es más probable que los cuerpos terminen en escuelas de medicina o fosas comunes.

En un primer paso, las organizaciones desarrollaron la campaña Chiras pelas calacas flacas para hacer visible que personas de poblaciones callejeras se encuentran en alto riesgo de llegar a la fosa común, además se trata de una de las inquietudes que se manifestaron en los 26 grupos callejeros que se visitaron.

Ante la intranquilidad de estos jóvenes que tienen un promedio de vida de 25 a 30 años, las organizaciones señalaron que es necesario garantizar el derecho a la identidad de estas personas aun después de muertas; porque esta garantía conlleva la responsabilidad del Estado para asegurar que cualquier persona cuente con un nombre y los documentos necesarios que permitan identificarlas.

Asimismo recordaron que la Organización Mundial de la Salud menciona que ninguno de los documentos internacionales básicos de derechos humanos hace referencia a la obligación del Estado de identificar apropiadamente y enterrar un cuerpo para evitar las fosas comunes.

La solicitud que hicieron a la procuraduría y tribunal capitalinos es porque pese al Protocolo Interinstitucional de Atención a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de Poblaciones Callejeras que ya hay en la ciudad, el instrumento no contiene ninguna línea que permita articular a las ONG, órgano judicial y la dependencia capitalina para identificar los cuerpos de personas que vivieron en las calles.