Otorgar mayores facultades al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública representa un riesgo y el futuro no sería nada halagüeño porque restaría legitimidad a las fuerzas armadas, que podrían continuar socavándose en los próximos años, coincidieron en la Cámara de Diputados especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de organizaciones civiles.

Durante el foro Alternativas para una seguridad no militarizada en México, se advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas armadas implicaría un riesgo en materia de derechos humanos.

En San Lázaro se advirtió que las iniciativas del coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, y del senador panista Roberto Gil Zuarth para otorgar un nuevo marco jurídico a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, tratan de legitimar una estrategia que en muchos sentidos parece fracasada.

Ayer, especialistas en fuerzas armadas y derechos humanos de diversas instituciones –convocados por el diputado de Morena Vidal Llerenas– coincidieron en la urgencia de impulsar la profesionalización de las policías, propuesta que está bloqueada porque se considera necesario imponer la militarización.

Panorama nada halagüeño

Carlos Silva, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, puso sobre la mesa un panorama nada halagüeño, porque sería legitimar la expansión de las tareas del Ejercito en áreas que representan un riesgo. En lugar de transitar un camino de mayor legislación, estaríamos en un camino inverso de menores regulaciones y mayores atribuciones.

Se trata de hacer algo en donde se prevean las consecuencias que se puedan tener del retiro de los militares y la mayor participación de las fuerzas policiales. Pero para eso se deben ahondar los diagnósticos de los que hoy en día carecemos para saber en qué puntos se puede limitar la participación militar, y aumentar la participación civil. Se esta transitando en el camino inverso, que nos hace pensar que el futuro no sería nada halagüeño en ese sentido, y comprometería también la participación de las fuerzas armadas, porque una fuerza sin control es una fuerza que genera costos para la población, y una consecuencia grave para la propia legitimidad del Ejército, que se podría seguir socavando en los próximos años.

Ina Zoon, de Open Society Foundations, consideró necesario construir acciones desde la escala local. No hay fuerza que alcance para desempeñar acciones de seguridad. Lo más importante es generar las capacidades a nivel local. Tenemos que pugnar por esquemas sociales. Hacer políticas de factores de riesgo para atender los niveles de seguridad.

Catalina Pérez Correa González, del (CIDE), también abordó el tema de la opacidad. “En materia de transparencia no parece que ha permeado la actividad de las fuerzas armadas y sus actuaciones. Al contrario, la iniciativa que planteo el diputado César Camacho indica que las mismas leyes que rigen las normas de seguridad nacional –información reservada– aplican para temas de seguridad interior. Está confundida la idea de seguridad pública y de seguridad interior, y lo que vamos a tener es al Ejército y a la Marina realizando labores de seguridad pública de forma totalmente opaca”.

Ximena Andión Ibáñez , de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también avizoró un panorama ominoso, pues hay una tendencia a obstaculizar el acceso a la información en materia de combate al delito, de defensa de derechos humanos, ahora las organizaciones estamos viviendo situaciones en las que no podemos acceder a información en casos que las mismas organizaciones llevamos por motivos de datos personales, me parece que esto es la perversión de leyes, que sin duda son muy positivas.

El diputado Vidal Llerenas respaldó una narrativa que ha ganado fuerza: que tenemos una grave problema de seguridad pública, que no hemos podido construir policías locales confiables, y la única opción es el Ejercito, que cuando llega el Ejército las cosas mejoran. Ahora Roberto Gil pretende legalizar lo que está haciendo el Ejército, y darle funciones que la autoridad civil tendría que estar haciendo.