Nochixtlán, Oax.

Los intensos dolores de cabeza alertaron a Felipe de la necesidad de buscar atención médica privada. Hace cinco meses los médicos del Seguro Popular le cosieron una herida en la parte izquierda del cráneo, provocada por un disparo de la policía, pero nunca imaginó que le hubieran dejado la bala dentro.

Me dolía mucho la cabeza, fui a que me revisaran y supe que tenía una bala. Tuve que pagar un médico particular para operarme. Dios me dio otra oportunidad. El gobierno nunca me ayudó. Los policías nos masacraron y no se ha hecho justicia. Estamos peleando contra el monstruo, dijo en entrevista con La Jornada.

Ayer se cumplieron cinco meses del suceso que víctimas y organizaciones no gubernamentales han llamado el crimen de Estado de Nochixtlán, en el que nueve personas resultaron muertas y 155 fueron heridas, 84 de éstas por arma de fuego. Fue un ataque a la población civil por elementos de las policías Federal y estatal de Oaxaca, durante una protesta de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

En su taller mecánico, Felipe, de 36 años, cuenta que el 19 de junio estaba detrás del autobús colocado en la carretera para bloquear el paso de vehículos: “Los policías empezaron a disparar y vi morir a varios. Esperemos que se haga justicia, porque si nosotros hubiéramos matado a alguien, ya estaríamos en el bote”.

Sin embargo, cinco meses después no hay un solo policía detenido ni procesado por la Procuraduría General de la República (PGR), que asumió las investigaciones sin transparencia, lo que ha sido denunciado por los afectados y organizaciones civiles en un nuevo informe titulado Operativo Oaxaca, 19 de junio, elaborado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y Luna del Sur.

Con 145 entrevistas a víctimas y testigos del operativo policiaco, concluyeron que a pesar de que los policías federales y estatales cometieron ocho tipos de violaciones a los derechos humanos, la PGR no ha investigado ni resarcido los daños a las víctimas y sus familiares, ya que ni siquiera existe una denuncia ni mucho menos un proceso penal contra los elementos del Estado.

A punta de chequera

El pasado 18 de noviembre Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró que ninguno de los heridos por la policía en Nochixtlán presentaba secuelas, lo que desmienten los propios heridos entrevistados por La Jornada.

Diódoro Medina explica que los daños por las balas que le perforaron el bazo y el hombro no le han permitido volver a trabajar en la fábrica de ladrillos donde laboraba junto a su padre.

“Campa vino y nos dijo: ‘¿cuánto quieren por sus muertos? Es más, ahorita yo mismo les firmo sus cheques. Díganme cuánto quieren’. Todos lo escuchamos sin poder creer lo que decía”, comenta.

Alejandra Pérez, otra víctima del 19 de junio, lo interrumpe: Nadie se esperaba una contestación así de un ser humano y mucho menos de un servidor público. No somos mercancía, somos humanos.

Relata que el día del bloqueo estaba embarazada y debido a los empujones, las caídas y el gas lacrimógeno perdió a su bebé: Mi mamá trabaja en el magisterio y me llamó a las 7:30 de la mañana para decirme que los estaban desalojando y los tenían replegados hasta el área del panteón. Me dijo que estaba muy fea la situación. En ese momento me fui con mi hijo de 14 años y nos trasladamos al puente donde estaban los granaderos provocando e insultando a la gente. Fue allí donde ocurrió todo, donde los policías empezaron a disparar.

Diódoro Medina tiene 25 años y lleva un cubrebocas para evitar mayores complicaciones médicas. Explica que las balas expansivas le destrozaron el bazo: Soy un herido más de la represión del gobierno del estado de Oaxaca, del federal y del municipal. Yo vi cómo los policías nos disparaban y me tocó la mala suerte de recibir esas balas asesinas del gobierno. Mis amigos fueron los que me rescataron por el panteón. Los policías, sin piedad, nos tiraban a matar.

La herida en el estómago, que le dejaron dos operaciones para reconstruirle los órganos afectados por las balas, es de 20 centímetros, y las secuelas persisten: De hecho, la recuperación no ha sido adecuada, no he tenido la atención médica necesaria. No puedo estar expuesto al sol, el polvo o el calor, porque soy propenso a anemia e infección, y tampoco he podido trabajar.

Campa Cifrián ha declarado que el gobierno ya entregó 4 millones 300 mil pesos para la atención del más alto nivel a los heridos, pero Diódoro lo desmiente: El gobierno dice que nos dio indemnización, pero es mentira, porque sólo a algunos nos dieron el rembolso de una parte de los gastos médicos. Yo gasté más de lo que nos dieron; todavía no recupero los gastos que hice y que sigo haciendo, porque el gobierno ya no se preocupó por las secuelas de las heridas que sufrimos.

Comenta que las dos cirugías a las que se ha sometido en clínicas privadas le costaron más de 140 mil pesos, más los otros gastos de hospitalización y transfusión de sangre: A nosotros lo que nos interesa es que se haga justicia, porque el gobierno está protegiendo a los policías asesinos. Estamos pidiendo justicia para nuestros caídos. Ellos no van a ser moneda de cambio.

Graves delitos

El nuevo informe de las ONG señala graves delitos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado contra los derechos a la vida, a la integridad física y sicológica definidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y por la Constitución mexicana, así como uso excesivo de la fuerza, tortura y violaciones al debido proceso legal, la seguridad jurídica, la salud y la libertad de expresión.

Hubo 27 detenidos y los policías los obligaron a permanecer todo el día tumbados unos encima de otros en la patrulla, sin tomar agua ni alimentos, bajo el sol y sin atención médica, por lo que sufrieron tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su aprehensión hasta la llegada al cuartel.

El documento indica también que los civiles fueron golpeados por los policías con toletes, cascos y escudos durante el traslado al Ministerio Público y que los amenazaban con frases como Los vamos a echar al mar, son comida para tiburones, si te mueves, te disparo, ya tienen boleto gratis para Hermosillo.

Agrega que el operativo afectó a las poblaciones de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera, y señala que lo más importante es que el estado de salud de los heridos sigue presentando graves secuelas, ya que algunos han debido someterse a varias cirugías, otros aún tienen balas alojadas en el cuerpo y algunos más necesitarán tratamiento el resto de sus días.

Un policía me dio un golpe en la mandíbula y me fracturó tres dientes: dos centrales y uno lateral. Todavía no me han puesto los implantes. Las secuelas han sido muy dolorosas, dice Sergio Pablo, de 22 años.

Siempre nos dicen que habrá reparación integral del daño, que va a haber castigo para los culpables, pero sabemos que eso no va a pasar. Por más que tengamos la evidencia de este crimen de Estado (tenemos fotos y videos que lo demuestran y también testimonios de cientos de personas), van a seguir protegiendo a los policías.

Explica que su recuperación ha sido lenta y muy dolorosa, tanto, que aún no termina su tratamiento: Haya o no haya reparación del daño, a mí como persona me marcó para siempre. Yo voy a seguir exigiendo justicia. Estamos buscando medios alternativos. Después de Tlatlaya, Tanhuato, Ayotzinapa y Nochixtlán, sabemos que habrá más crímenes de Estado en México; incluso aquí mismo la policía puede venir a hacer lo mismo, a masacrar a la gente de Nochixtlán. Los policías venían a matarnos y todavía quieren vengarse.

El nuevo reporte incorpora 12 recomendaciones en materia de seguridad pública, gobernabilidad y la exigencia de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emita un informe sobre estos hechos.

Alejandra Pérez tiene 31 años y espera volver a embarazarse. Recuerda que el 19 de junio recibió una llamada de su madre, que es maestra, y no dudó en acudir a apoyarla: En la persecución de los policías me caí en dos ocasiones. Por las consecuencias del gas lacrimógeno y los empujones que me dieron los policías, perdí a mi bebé. Los dolores los tuve en la tarde y en la clínica ya no se pudo hacer nada. A partir de entonces inicié un tratamiento con un médico privado.

Refiere que el ataque fue directo contra la población civil: Fueron muy agresivos. Los policías sabían a lo que venían. Ellos no venían al diálogo, venían a matarnos. Desde un principio nos gritaban insultos, nos decían que éramos unos chapulines oaxaqueños, pura vulgaridad y golpes. Nunca se detuvieron a pensar en que había mujeres, jovencitos y niños; en ningún momento les importó.

Alejandra lleva recogido el cabello. Suspira cuando recuerda las secuelas sicológicas y físicas que aún sufre por la pérdida de su bebé: Hay algunos que tienen donde llorar a sus muertos... Yo ni siquiera eso.