El descubrimiento de más de 80 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud en un rancho de jitomate en Coahuila es sólo una muestra de un fenómeno mucho más extendido de explotación hacia los jornaleros agrícolas que las autoridades conocen pero no resuelven, denunciaron organizaciones campesinas.

Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, subrayó que es una grave irresponsabilidad de la Secretaría del Trabajo y de los gobiernos estatales y municipales permitir el trabajo esclavo en el medio rural, pero es debido a ello que las agroexportadoras son competitivas, indicó.

El éxito de estas empresas se debe en parte al trabajo esclavo o mal pagado, lo cual es totalmente violatorio de los derechos humanos de cientos de miles de jornaleros. Es una muestra de que el gobierno mexicano no está atento para hacer valer el derecho en las regiones agrícolas , enfatizó.

Para el dirigente campesino, es una ignominia que el alto volumen de ventas de los proyectos agroexportadores –sobre todo del norte de México–, de los que tanto se vanagloria el secretario de Agricultura, esté fundado en buena parte en la sobrexplotación de los jornaleros, en el uso de pesticidas prohibidos y en la extracción irracional del agua.

Max Correa, secretario general de la Central Campesina Cardenista, consideró por su parte que el trabajo esclavo en las grandes plantaciones es una problemática común, en especial en los estados de Coahuila, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Michoacán, aunque no sólo en ellos.

Hay ranchos de este tipo que se manejan con su policía propia y con trabajadores que están casi como peones acasillados en los tiempos de las haciendas, muchos de los cuales son jornaleros indígenas que vienen del sur y el sureste del país, afirmó.

La falta de supervisión de las autoridades en dichos sitios es tal, lamentó Correa, que aunque en algunos ranchos haya estancias construidas por el gobierno para que descansen los trabajadores, los dueños de las plantaciones amenazan a los jornaleros con sacarlos de ahí o despedirlos si protestan por sus pésimas condiciones laborales.

Por lo anterior, indicó, es necesario que la Secretaría del Trabajo supervise las condiciones de trabajo de los jornaleros, sobre todo en las grandes empresas, y se permita la sindicalización para que conozcan sus derechos.