La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) creará un fondo de emergencia para atender a familiares de víctimas de los homicidios ocurridos en dos ocasiones en San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, donde fueron asesinados connacionales y migrantes de diferentes nacionalidades.

Aunque no se informó del monto de dicho fondo, se reveló que hasta ahora se ha identificado a familiares de 54 víctimas centroamericanas, originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, además de varios mexicanos.

El presidente de la CEAV, Julio Hernández Barros, informó que el objetivo del fondo es facilitar los pagos de gastos de alimentación, hospedaje, traslados internacionales para los procesos de notificación, toma de muestras y entrega de restos humanos.

Fue durante una reunión con miembros de la comisión forense que integran, entre otros, los equipos multidisciplinarios de la Procuraduría General de la República y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), además de representantes de Amnistía Internacional y de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, que se acordó la reparación integral a las familias de las víctimas identificadas.

Otro de los puntos de acuerdo de esta junta fue agilizar los trámites de rembolso y de pagos funerarios a través del Fondo de Emergencia de Desaparecidos, así como crear una ruta de comunicación entre la asesoría jurídica federal y la dirección general de finanzas, ambas pertenecientes a la CEAV, para pagar anticipadamente los traslados internacionales cumpliendo el protocolo de notificación, localización e identificación de restos, según informó la propia CEAV en un comunicado.

En los hechos de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, fueron muertos 72 migrantes. Y entre abril y mayo de 2011, en ese mismo municipio, fueron localizadas 47 fosas clandestinas, con 193 cuerpos más. En tanto, en 2012, en Cadereyta, Nuevo León, se realizó el hallazgo de 49 dorsos humanos. Todas estas son las víctimas a quienes se destinará la ayuda y la reparación integral del daño.

Hay que destacar también que el sufrimiento de las familia no terminó con el asesinato de sus seres queridos, sino continúa con la negligencia y falta de voluntad política para hacer justicia e incluso entregar los restos. Fueron varios los casos en los que se hizo una entrega de cadáveres que no eran de las personas reclamadas, mientras que otros fueron enviados a fosas comunes, a pesar de que los cuerpos eran identificables.