En medio de cuestionamientos de siete partidos políticos por el impacto en la equidad de la contienda y el insuficiente sustento legal, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que será el Consejo General del organismo el que determinará la exención de 338 emisoras cuyos contenidos trascienden la entidad desde la que transmiten para poder difundir propaganda gubernamental en periodos en que se realicen elecciones en los estados hasta donde llegan sus contenidos.

De acuerdo con la legislación vigente, las emisoras cuyo mapa de cobertura abarque territorio de otras entidades no podrán difundir propaganda gubernamental cuando haya comicios en estados contiguos para no interferir. Sin embargo, el proyecto –aprobado en principio por el comité, pero que será ratificado por el consejo– determina que en las zonas donde no exista población podrán difundir mensajes oficiales porque no impacta al electorado, se informó.

Aunque estaba previsto que se votara por el comité, ante la propuesta de la consejera Pamela San Martín, en la emisión de nuevos criterios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que es facultad del Consejo General. El presidente del comité, Marco Antonio Baños, manifestó que el proyecto hace referencia a 338 emisoras en todo el país, aunque para efectos de los comicios de 2017 –habrá en el estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz– sólo hay 80 en esa condición, que de votarse en favor en el consejo estaría en posibilidad de contratar publicidad.

En su oportunidad, el representante del PRD, Fernando Vargas, sostuvo que la pretensión del INE es ampliar la capacidad de comercialización de las televisoras, independientemente de que no exista certeza en la información para corroborar que, efectivamente, en sus mapas de cobertura no hay población potencialmente afectada.

De acuerdo con el proyecto, la exención se basa en que la información proporcionada por los institutos Federal de Telecomunicaciones y Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como por el Registro Federal de Electores, en esos 338 casos, si bien los contenidos bañan el territorio de dos entidades, se establece que en el estado donde no está domiciliada la emisora no hay población, por lo cual el comité estimó que se establece el criterio de población base cero, sostuvo el consejero Benito Nacif, por lo que no tendría afectaciones electorales al difundirse propaganda gubernamental en periodo de restricción.

San Martín aseveró que existen inconsistencias en la información que sustenta el acuerdo, basada en datos del Inegi y el Registro Federal de Electores (RFE), pues citó casos en los que, según el comité, no hay población, pero los reportes que tiene el RFE sostienen que sí hay gente que estaría sometida a propaganda gubernamental en periodo de veda, por lo cual cuestionó el acuerdo; sin certeza de si hay electores afectados, era inviable su aprobación.

Las representaciones de Morena, Acción Nacional, Partido del Trabajo y Encuentro Social señalaron que no hay certeza de que, efectivamente, en el área de cobertura de las 338 no haya población, lo cual pone en riesgo la equidad de la contienda. Para Morena, el comité actúa de manera oficiosa para llevar adelante las propuestas de las televisoras sin medir el impacto en los procesos electorales.