l 21 de noviembre pasado, durante el cuarto Informe de Actividades del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, JFCA, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, expresó eufórico que durante los pasados 36 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en forma ininterrumpida, no han estallado huelgas en el país y que esto era un logro muy importante de la presente administración, porque han sabido mantener el diálogo entre el capital y el trabajo como en ningún otro lugar del mundo.

Por supuesto que su efusiva declaración, que ya ha repetido en otras ocasiones, la hizo ante un auditorio de dirigentes sindicales de muy dudosa reputación y de despachos de abogados laborales empresariales totalmente desprestigiados. Desde luego que los mineros no estuvimos presentes, ni fuimos mencionados por nuestro nombre, ni el mío como presidente y secretario general del sindicato, aunque hizo una alusión directa, como siempre lo hace, de que no estamos de acuerdo con sus afirmaciones.

Y cómo estarlo, si la STPS y la política laboral que él encabeza desde que se inició este régimen se han dedicado a archivar los emplazamientos a huelga o a declararlos inexistentes cuando estas estallan. Es decir, esta administración ha negado permanentemente el derecho a la huelga de los trabajadores, que es el último recurso que tienen para defender y proteger sus derechos contra incumplimientos y violaciones por parte de las empresas.

El gobierno de Peña Nieto, por conducto de sus funcionarios laborales, se ha dedicado a darle gusto total a las empresas, en lugar tutelar los derechos de los trabajadores, impidiendo que ejerzan su libertad y democracia sindical como lo establecen la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Constitución Política de México, el Convenio 87 y otros más de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el gobierno de México ha firmado y ratificado desde hace más de 60 años.

El derecho a la huelga es un derecho universal, les guste o no, pero en este caso la propia autoridad laboral viola la ley y actúa en sentido contrario a su responsabilidad, por sus intereses y complicidades con los grupos empresariales antisindicales, que no tienen ningún compromiso social, ni con su personal, ni con las comunidades donde operan, ni con el medio ambiente al que dañan constantemente sin que nadie se los impida. Mucho menos tienen una conducta seria y responsable, ni quieren a México esos mismos empresarios, como lo vemos todos los días en la impunidad y prepotencia con la que actúan.

Entonces, ni cómo festejarle al secretario Navarrete que diga que en México no se han estallado huelgas en 36 meses, cuando debería darle vergüenza por esa represión a la voluntad libre y democrática de los trabajadores. Pero, además, su afirmación es falsa y como prueba mencionaré tres casos que lo contradicen: Los trabajadores del Sindicato Nacional de Mineros solamente en este año estallaron las huelgas de las secciones 150 y 234 de la empresa Siderúrgica del Golfo ubicada en Matamoros, Tamaulipas, durante 15 días en agosto de 2016, las cuales se resolvieron favorablemente para los miembros del sindicato gracias a la estrategia, la unidad y la determinación de todos, así como de los dirigentes locales y nacionales. Igual sucedió en marzo de este año en la sección 271 con la huelga de los mineros contra la empresa Arcelor Mittal, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que terminó también favorablemente para los trabajadores después de 11 días de duración.

A quién quiere engañar o qué compromiso tiene el secretario Navarrete para quedar bien con las empresas nacionales y extranjeras y darles información falsa para atraer su confianza, cuando la realidad lo contradice. Si así están, como parece ser, todas las áreas de la administración federal y estatal, en lugar de generar confianza provocan más desconfianza, porque nadie les cree, ni en México, ni en el extranjero.

Tampoco le gusta a este gobierno escuchar que la política laboral y la económica están equivocadas, porque no reflejan la realidad de lo que el país necesita, ni sienten o ven las exigencias sociales. Es más bien un modelo equivocado que les han impuesto y que nadie del gobierno puede o quiere analizar, entender, ni mucho menos cambiar. Hoy en México se pagan, prácticamente, los salarios más bajos de América Latina, beneficiando a las empresas que no tienen medida ni recato para explotar más a la mano de obra, hasta el grado de frenar el consumo y la demanda con todas las consecuencias negativas en la actividad productiva, que dan por resultado la creación de más pobreza.

Pero más impactante aún, declarar, como lo ha hecho Navarrete Prida, que en México no existen los contratos de protección patronal, avalados y promovidos a espaldas de los trabajadores por algunos de los sindicatos que estuvieron presentes, como si fueran sus negocios particulares o de grupo, pues es algo con lo que busca intencionalmente engañar, y con ello se permite y se extiende el sistema de explotación criminal de la fuerza de trabajo. Por eso el círculo vicioso se explica más claramente que nunca: contratos de protección, salarios de miseria, derechos sindicales y humanos totalmente negados y reprimidos, y ganancias empresariales y de políticos al alza y sin medida.

Si creen que nadie se da cuenta de eso están muy equivocados, pues todo el mundo lo sabe, lo critica e incluso han presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República; la OIT; la Comisión Interamericana de Derechos humanos y otros organismos internacionales.

Todavía el secretario Navarrete Prida hizo referencia, indirecta como siempre, a mí en lo personal, diciendo que existía un líder que critica esta estrategia, la cual considero que está equivocada y el tiempo lo confirmará aunque ellos ya no estén en el poder. Se atrevió a afirmar que yo había ya decidido no regresar al país, que mis razones tendría, lo cual es una mentira más de Navarrete. Más bien la pregunta es por qué no me dejan retornar a mi país. Él sabe perfectamente bien por qué yo no he regresado hasta ahora, y fingir demencia, por decirlo elegantemente, no habla bien de él, sabiendo, porque fue procurador, que la corrupción del sistema judicial y la compra de voluntades de muchos políticos por parte de algunos de los empresarios más deshonestos de dentro y de fuera del país no han permitido cambiar y corregir las injusticias. Al contrario, cada vez son más evidentes, cínicas y descaradas.

No se vale que esos funcionarios simulen y pretendan manipular o jugar con la realidad y las necesidades del país, de los trabajadores o de los mexicanos. Hoy se cumplen 4 años de este gobierno, ya se les está terminando la oportunidad de corregir y hacer bien las cosas, conforme a derecho y con base en lo que México urgentemente está exigiendo, que es una necesidad inaplazable.