Las reformas a la ley contra la trata de personas y el nuevo sistema penal no permiten sancionar a los clientes que demandan esos servicios. Además, dejan el peso de probar el delito no sólo al Ministerio Público (MP), sino a la víctima.

Teresa Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés), sostuvo lo anterior al presentar ayer el informe 2015 de los casos atendidos por esa organización. En conferencia de prensa, señaló que fueron más de 200 víctimas, la mayoría mujeres –15 de ellas terminaron en feminicidio– de entre 12 y 18 años.

Se diluyó la debida tipificación

En octubre pasado el Senado aprobó modificaciones a la Ley General contra la Trata de Personas y la regresó a la Cámara de Diputados. Uno de los cambios fue incluir medios comisivos, es decir, la forma en que se perpetran los delitos.

Con ello será muy difícil probarlos; si un cliente asegura desconocer que la persona que contrató era víctima de un delito, bastará con eso para que se revierta el proceso al MP o a ella, afirmó la activista. Sin tener los medios comisivos, la legislación mexicana estaba por encima del protocolo de Palermo, documento internacional sobre el tema. Así que las reformas significan un retroceso, lamentó.

En el proceso legislativo se diluyó la debida tipificación de los delitos, reconoció Sandra Serrato, secretaria técnica de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado. La ley vigente está incompleta, añadió, y tampoco contempla elementos para castigar a los clientes.

De acuerdo con el informe que dio a conocer, en 2015 atendieron 203 casos, de los cuales 186 eran mujeres y 17 hombres. El feminicidio ligado a la trata tuvo un incremento; Ulloa afirma que registraron 15 en total.

Dos de las víctimas de trata atendidas por Catwlac provenían de comunidades indígenas, lo que no significa que en esos lugares no sean vulnerables a ese delito, sino que la probabilidad de hacer contacto con nosotros es menor, se especifica en el informe.

La mayor parte –antes de ser atrapadas– pertenecía a un nivel socioeconómico medio bajo o de pobreza. Asimismo, señala el documento, las formas de reclutamiento siguen siendo la fuerza, el engaño y el enamoramiento.

La Ciudad de México, con 34 casos, encabeza la lista de las entidades en las que se origina ese fenómeno. Le siguen el estado de México (32), Zacatecas (18), Veracruz (17 y Morelos (13). El número de víctimas que presentaron son pocas, pero refleja el panorama del problema en el país, explicó la defensora de derechos.

Además, dijo, si bien en 2014 atendieron 218 casos –15 menos que el año pasado–, se logró encontrar a más personas. Actualmente casi 80 por ciento de las víctimas reportadas en 2015 siguen desaparecidas.