El primer proyecto de dictamen aprobado en lo general en comisiones de la Asamblea Constituyente se refiere a la eliminación del fuero de los servidores públicos y su obligación de presentar y comprobar declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, incluidos magistrados del Poder Judicial y de los órganos autónomos, de las cuales se divulgarán versiones públicas.

Al cierre de la edición, los diputados que integran la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos, continuaba la discusión de cada uno de los ocho artículos que componen el título quinto del proyecto de constitución política de la Ciudad de México, en los puntos que fueron reservados.

En el caso de la eliminación del fuero, la mayoría de los legisladores mantenía una postura en favor del precepto previsto en el artículo 72. Las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna gozará de fuero o inmunidad. Sin embargo, PRI y PAN insisten en que se mantenga la disposición.

El argumento que los diputados de ambos grupos parlamentarios expresaron al plantear su reserva fue que el jefe de Gobierno y los legisladores adquieren el fuero por disposición constitucional federal y lo único que cabría hacer en la carta magna local es acotarlo.

PRD, Morena y Movimiento Ciudadano manifestaron que se debe dar el paso en la constitución local, no en una inercia populista, sino al atender a que se ha abusado del fuero para proteger impunidad y fomentar actos de corrupción.

El dictamen prevé además que los servidores públicos serán sujetos de juicio político y podrá dar inicio a solicitud debidamente fundada y motivada por cuando menos 5 por ciento de ciudadanos registrados en el padrón de electores (alrededor de 364 mil).

En el transcurso del día comenzaron a circular los proyectos de dictamen de las comisiones de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos Constitucionales Autónomos y de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno, en tanto que la junta directiva de la Comisión de Alcaldías trabajaba en su anteproyecto.

En el dictamen de Poder Judicial se modifica el proyecto del Ejecutivo local para crear un tribunal constitucional y se plantea establecer una sala constitucional dentro del Tribunal Superior de Justicia.

Suprime además la propuesta de elegir a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura a partir de ternas propuestas por un consejo judicial ciudadano y restituye al presidente del tribunal la facultad de presidir también a este órgano de control judicial; se añadió una restricción de dos años para que magistrados funjan como patronos, abogados o representantes legales después de su retiro; el predictamen no contiene la obligación de conocer los juicios de restitución de garantías que interponga la Defensoría del Pueblo, (hoy Comisión de Derechos Humanos).