l 14 de julio de 2016, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, declaró que el organismo es hoy más público y social que nunca: no se privatizará. Las evidencias de su actuar lo contradicen por entero.

El 3 de junio, el IMSS comunicó que los cambios al esquema de contratación de servicios médicos integrales de laboratorios y análisis clínicos en ningún momento afectan los derechos de los trabajadores. Antes se anunciaron los resultados de tres licitaciones que ahorrarían casi 4 mil 500 millones de pesos durante tres años, por la implementación de mecanismos de competencia, transparencia y equidad: la de laboratorio de análisis clínicos contratará con particulares de equipos y reactivos para estas pruebas. Sólo algunos exámenes más complejos de muestras –tomadas en clínicas familiares– se procesarán en hospitales generales. Con esos equipos contratados a privados mejorará la calidad de la atención.

Poco después, laboratoristas del IMSS (10 mil 250 trabajadores en 570 laboratorios) marcharon para denunciar que la subrogación –240 pruebas de 365 contempladas– de Arriola provoca retraso y resultados erróneos: de 70 resultados, los 70 fueron inviables, eran resultados falsos. Además, agregaron, la licitación implica sustitución de equipo por otros de menor calidad.

Pero, para las autoridades: la única finalidad de estas prácticas es hacer más eficiente, ampliar y acercar servicios especializados a más unidades. Antes de las contrataciones de servicios integrales, los servicios de laboratorio “sufrían de escasez de insumos y equipo obsoleto. La subrogación representa ahorros por 500 millones de pesos anuales: el costo de los estudios disminuyó 30 por ciento. ¡El IMSS es más público y más social que nunca!”

Durante 2016 el IMSS presupuestó 8 mil 280 millones de pesos para comprar a empresas servicios integrales. Bajo las administraciones de José Antonio González Anaya y Mikel Arriola la estrategia fue sistemática. Con ellos, el instituto incrementó los recursos destinados a pagar firmas que atienden tratamientos de diálisis, hemodiálisis y bancos de sangre, entre otros. Para 2015, erogaron 5 mil 377 millones de pesos. En 2014, González Anaya dispuso 6 mil 510 millones. Y la estrategia marcha viento en popa: el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión 2015-2016 (Mikel Arriola) documenta que, entre mayo-junio de 2016, iniciará la operación de servicios integrales de laboratorio, cirugías de mínima invasión y banco de sangre.

No sorprende que la consultora PwC México estime que bien orientados y definidos estos esquemas son benéficos para el sistema de salud público, ya que pueden aprovechar las eficiencias del sector privado. En países como Inglaterra y Brasil, agrega, se está virando hacia asociaciones público-privadas, en las que las empresas ven una oportunidad de acceso. Los esquemas surgen a raíz de la necesidad de atender a la población, pues hay procesos en los cuales IMSS, Issste y secretarías de Salud estatales están rebasadas en capacidad.

En lugar de invertir en infraestructura y equipo, resulta más eficiente contratar servicios privados. Sin embargo, aclara, también hace falta que la Secretaría de Salud cumpla su función de regulador y de supervisor y revise a los proveedores de estos servicios, pues algunos se han visto involucrados en ciertas controversias. En la operación misma, precisa, probablemente algunas empresas estén reutilizando algunos insumos para abaratar costos y esto genera riesgos para los pacientes: hay que tener cuidado con ese tema. Algunos servicios integrales podrían migrar hacia otro tipo de esquemas, como de riesgo compartido, en el que los proveedores tengan mayor vigilancia.

Por su parte, el Grupo Vitalmex coincidió en señalar que la contratación de este tipo de servicios seguirá aumentando y evolucionará al sistema de pago por desempeño: en 10 años estaremos viendo cómo el sector va a delegar o a transferir el riesgo de un paciente crónico a una industria privada y si lo atiende bien te pago tanto, si lo atiendes mal te descuento tanto. Pero, para llegar a esto, puntualiza, aún falta que la normativa se establezca en el sector público. Y es que los servicios integrales, considera, crean eficiencias, logran ahorros hasta de 35 por ciento e incrementan la ocupación.

Por supuesto que, tal como lo hace Mikel Arriola, Vitalmex descarta que la contratación de servicios a empresas implique una privatización como tal: se trata de asociaciones público-privadas. El gobierno solo ya no puede hacer las cosas. Es más, no lo sabe hacer y lo está haciendo no tan bien. Necesita a la industria privada para garantizar sus objetivos sociales.

El 20 de agosto 2016 el IMSS-Arriola comunicó haber otorgado permiso a la cadena comercial Oxxo para desarrollar como prueba piloto a escala nacional estas tiendas dentro de sus instalaciones.

Ante la decisión del peñismo de dejar en manos privadas las decisiones sobre la construcción-renovación de hospitales bajo el esquema de asociaciones público-privadas (App), Mikel Arriola presume edificar 32 unidades Médico Familiares –una por cada entidad–, mientras obsequia cuatro grandes hospitales-App: estado de México, Nayarit, Chiapas y Nuevo León. En ellos, los privados no sólo los diseñan y construyen, sino que también pueden encargarse de su mantenimiento.

Pero como gustaba decir José Antonio Meade, entonces desde la Secretaría de Desarrollo Social: nunca más en México una mujer deberá pasar apuros o sufrir angustia por falta de doctor, clínica o medicinas. En el horizonte de todo este esfuerzo está un objetivo estratégico de esta administración: crear un sistema universal de salud que haga efectivo este derecho constitucional.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco