ás allá de los intereses de índole política que la iniciativa pudiera contener, la lucha por dar dignidad y poder adquisitivo a los salarios mínimos, que partió de Miguel Ángel Mancera, hoy cobra una importancia mayor ante el inobjetable empobrecimiento que promete el mínimo aumento al mínimo.

Desde hace poco más de dos años, cuando el jefe de Gobierno de la Ciudad de México lanzó el proyecto, la situación de la economía no prometía nada bueno. En el análisis primero de aquel tiempo se observaba, por ejemplo, cierta parálisis en el mercado que sólo podría despertar con la circulación de más dinero; dinero que podría provenir, entre otras fuentes, del aumento a los salarios.

Para el año que en breve iniciará se acordó, en la comisión que se encarga de imponer el salario mínimo al trabajo en este país, que la paga más baja experimentará un aumento de 3.9 por ciento, para fijarla en 80.04 pesos por día laborado.

Durante este 2016 la paga mínima fue de 73.04, así que, según quienes dictan las remuneraciones, el precio del trabajo por día en su más baja categoría aumentó poco más de 17 pesos, con lo que consideraron la conciencia liberada, pero a fin de cuentas si se hace una vez más la cuenta, el valor adquisitivo de ese salario vuelve a rezagarse.

En la imposición anterior, mejor dicho, la de este año, un mexicano recibía un mínimo de 4.40 dólares por día laborado, salario que es considerado por las organizaciones internacionales uno de los más bajos no sólo en Latinoamérica, sino en el mundo.

Pero la crítica no mermó los ánimos de los juzgadores del trabajo y se decidió que para 2017, ya en puerta, un trabajador mexicano podrá percibir 80.04 pesos al día, y ya dado a conocer el monto, si se hacen cuentas, caeremos en la idea de que ese nuevo salario aumentado disminuye su poder adquisitivo, porque significa sólo 3.90 dólares por jornada de trabajo.

No hacen falta muchas explicaciones para darnos cuenta de que el tal aumento no alcanzó a las devaluaciones del peso, que han sido una constante durante los últimos meses del año, y que han planteado nuevos retos a la economía nacional, porque lo verdaderamente importante es que un número mayor a 60 por ciento, o más, del ejército de pobres en nuestro país se aumentará otro tanto, y se quiera o no, lo registren los estudios o no, la peligrosidad del país se incrementará.

Tanto Andrés Manuel López Obrador como Miguel Ángel Mancera Espinosa han protestado por el aumento a los mínimos, pero han sido voces que se quedan en el aire frente a casi toda una clase política que no quiere causarse ningún problema, aunque hay una minoría consciente que advierte, como Víctor Hugo Romo, que el salario impuesto no alcanza ni para la canasta básica.

Ninguno de los habitantes de este país, ni siquiera los que dieron voluntariamente su voto en favor de quienes ahora mandan en México, pueden sentirse culpables del innegable fracaso de las reformas que implementó la administración federal actual, ni tampoco tendrían que pagar con pobreza ese mismo fracaso, pero la realidad impone una carga de tal tamaño que, de cualquier forma, la decisión que se tomó frente a las urnas hoy pesa más que nunca.

De pasadita

Una de las tareas que deberá enfrentar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es tratar de reconciliar al poder político con el ciudadano. Si en las nuevas reglas del juego no se logra reconocer y valorar a la sociedad en todas las acciones que se orienten al quehacer político, nada salvará a esa clase que, por lo pronto, no deja de mirarse al ombligo.

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