El tema de la desaparición forzada de personas es el principal reto que tiene México en materia de garantías básicas, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien reconoció que este es un problema que aqueja al país desde hace muchos años.

Al comparecer en audiencia pública ante miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario ratificó el compromiso del Estado mexicano de avanzar en el combate a este delito que tiene un enorme impacto social. Estamos obligados a romper las cadenas de impunidad, sólo así podremos revertir esta situación terrible que significa la desaparición de personas en el país.

Además, aseguró que actualmente se trabaja en el ámbito legislativo para que los agentes del Estado no sean nunca más parte de una violación tan grave como lo es este delito de desaparición forzada.

Declaró que la ley general en la materia –cuyo dictamen todavía se elabora y discute en el Senado– se podría concretar antes que termine el periodo legislativo en curso, es decir, antes del 15 de diciembre, al igual que las reformas a la Ley General de Víctimas, por parte de la Cámara de Diputados.

Es urgente la verdad de lo que sucedió en Iguala

Tras esta participación, Enrique Gil Botero, comisionado de la CIDH y relator para México, celebró el reconocimiento expreso del Estado mexicano de que este tema es muy grave. Además, dijo que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, puso en evidencia esta situación que venía dándose desde hace tiempo, en un margen de impunidad intolerable.

El también responsable directo del mecanismo de seguimiento de la CIDH para el caso Iguala recordó que la comunidad internacional entera exige la verdad frente a los desaparecidos de Ayotzinapa. No se puede descansar hasta obtenerla. Este es el gran compromiso que se debe imponer el Estado mexicano frente a este caso, dijo.

Además, reiteró a la representación del Estado mexicano –encabezada por Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores-, que deben “abrirse todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y reconstructivas –como debe ser el derecho probatorio–, a efecto de encontrar a las personas, a los estudiantes”.

El comisionado Gil Botero se refirió al rompimiento de las cadenas de impunidad, expresadas momentos antes por el subsecretario Campa. Yo agregaría que no se puede permitir que haya estructuras de poder político o militar, ni de ningún orden, ni de ningún grado por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad, porque en un estado constitucional de derecho, todos, absolutamente todos, estamos sometidos a la ley.

Hay que recordar que uno de los temas en los que nunca pudo avanzar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante su estancia en México, fue en entrevistar directamente a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes estuvieron en horas y lugares clave durante la desaparición de los normalistas, el 26 y 27 de septiembre de 2014. Hubo una fuerte resistencia del gobierno y las Fuerzas Armadas que impidió realizar estas entrevistas.

Este lunes, en audiencias públicas solicitadas por diversas organizaciones civiles nacionales, la representación del Estado mexicano compareció dentro de la 159 sesión ordinaria de la CIDH, a fin de responder a diversas temáticas, entre ellas, la desaparición forzada, desplazamiento interno forzado, derechos sindicales y siembra de soya genéticamente modificada. La sesión se realizó en la ciudad de Panamá y fue transmitida a todo el mundo en vivo por Internet.

En la audiencia, las organizaciones civiles exhibieron una larga lista de deficiencias y omisiones del Estado mexicano, en las que persisten errores estructurales en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, que van desde la falta de recursos y personal especializado, hasta actitudes de servidores públicos que continúan optando por estigmatizar y criminalizar a las víctimas.