Con el voto de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), y la abstención de la bancada de Morena y una parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley de Vivienda, que entre otros aspectos fija el valor de las casas de interés social en un monto cercano a 400 mil pesos, y la de interés popular en un precio a partir de 400 mil pesos y no mayor a 650 mil.

Para incentivar la producción de estos tipos de vivienda, la ley aprobada estipula la creación de una bolsa de suelo que se formará con predios baldíos, construcciones abandonadas, inmuebles con uso distinto a la vivienda, viviendas en condiciones de alto riesgo estructural, así como por cualquier otro inmueble susceptible de uso para la construcción de vivienda popular.

Para tal efecto, en el artículo 97, la nueva ley señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Instituto de Vivienda (Invi) podrán proponer la expropiación de áreas, predios o inmuebles por causa de utilidad pública, de conformidad con el Programa General de Desarrollo Urbano.

En el caso de la vivienda para trabajadores derechohabientes de organismos nacionales del ramo, la norma aprobada señala que el precio máximo de venta al público no exceda un millón 500 mil pesos.

La bancada de Morena se abstuvo al considerar que era más adecuado esperar a la promulgación de la constitución local. En tanto, el diputado Fernando Zárate, del PVEM, quien también se abstuvo, adujo que la ley aprobada conlleva graves riesgos de inconstitucionalidad en casos como el cobro de la plusvalía, ya que viola el principio de certeza jurídica consagrado en la Constitución federal, además de que la Asamblea Constituyente analiza no aplicar cobros adicionales por concepto del valor agregado a los propietarios de inmuebles.

Indicó que asimismo, de acuerdo con el artículo 5, la ley deja en grave riesgo a los adquirientes de vivienda nueva en desarrollos habitacionales, ya que sólo se habla de vivienda de interés popular o de interés social, sin especificar las características de dichos inmuebles en cuanto a dimensiones y acabados e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

La diputada promovente, Dunia Ludlow, del PRI, dijo que el dictamen responde a la necesidad apremiante de los capitalinos de vivienda digna, articula un nuevo modelo de desarrollo urbano, ya que defiende y promueve este derecho para los que no tienen dónde vivir o que viven en condiciones de hacinamiento o riesgo; por otra parte, respalda a quienes no cuentan con servicios básicos o seguridad jurídica en sus inmuebles.

Iván Texta, del PRD, destacó el reconocimiento al derecho a la vivienda contemplado en el artículo 4º de la Constitución, ya que nos enfocamos a establecer los mecanismos jurídicos, sociales y financieros para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

PRI, PRD y PAN rechazaron una reserva de la diputada de Morena Aleida Alavez para que se hiciera valer lo que el propio gobierno de la ciudad ha acreditado, y en el artículo 3° se contemplaran las características de la vivienda en la Ciudad de México, la resiliencia y la eficiencia energética.