adie, por ingenuo que sea, puede creer que el cúmulo de expresiones en contra de un artículo de la constitución política de la Ciudad de México –en construcción–, que proponía gravar con un nuevo impuesto la plusvalía, esté libre de los intereses de los grupos llamados de desarrolladores.

Lo injusto de la ley va de la mano, eso sí, de los abusos que los grupos constructores han realizado en esta capital. Si bien no es posible, en este caso como en muchos otros, decir que todos han abusado, lo cierto es que muchos, la mayoría seguramente, han hecho lo que se les ha pegado la gana con o sin el acuerdo de las autoridades.

Si hubiera alguien que tratara de levantar una encuesta entre la gente para saber su opinión acerca de los grupos de desarrollo inmobiliario, el número de quejas sería tanto o más que el de las que ahora se pronuncian en contra de un impuesto, parcialmente injusto.

Ya han compuesto la plana tanto el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como el PRD en la Asamblea Constituyente, en voz de su coordinadora, Dolores Padierna, y ahora le entra al quite el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, quien hace ciertas precisiones que deberían aclarar el punto, aunque por ahora no le restituye la paz financiera a nadie.

Hay tareas de gobierno que sólo se logran con la incorporación de dineros de la iniciativa privada a las arcas de la ciudad. Una de esas tareas es la reconstrucción de las calles que se destruyen con la edificación de grandes espacios que alteran, necesariamente, el entorno urbano. Sólo hay que pensar en que las instalaciones, como drenajes y tomas de agua, deben adecuarse a la nueva fisonomía que impone la construcción, y eso cuesta, y cuesta muy caro.

Es eso lo que se pretende cobrar, aunque a decir de la diputada a la Asamblea Constituyente Elvira Daniel, de Morena, esos dineros, por mitigación, ya se pagan, y ahora lo que debería suceder, siempre conforme a lo dicho por la diputada, es que esos recursos efectivamente se gasten en regenerar el ámbito dañado por la construcción, y que los trabajos se encarguen a quien los deba hacer y no a las empresas ligadas a intereses partidistas.

Pero en fin, ese sector, el de los desarrolladores, que hasta ahora se sentían impunes, intocables, sintieron lo que podría ser el peso de una ley en su contra, aunque al fin de cuentas lo más inmediato se pierde y esto es el incumplimiento de los contrato por parte de los constructores contra quienes les compran.

El asunto es tan grave que casi ningún desarrollador cumple con la fecha de entrega, ni usan los materiales que prometen en los contratos, y además tratan a sus compradores con el desprecio del que siente que la ley no le alcanzará nunca. Es el caso de una empresa que se llama ZKC Vivienda, que dirige un señor de nombre Jacobo Zaga, a quien la ley no le hace ni cosquillas.

Total, de lo que todos están seguros es que debe hacerse algo para frenar a los desarrolladores en todas y cada una de las ilegalidades en las que caen día con día. Seguramente, si eso se hace, se podría eliminar una ley injusta y se podría quitar lo impune a los constructores. Eso parece que es lo que muchos desearían, ojalá y se haga.

De pasadita

Bien se podría decir que el voto es el alma de la democracia, pero parece que esa alma alguien ya se la vendió al diablo, porque entre los políticos militantes hay mucha resistencia a dar al sufragio el valor político que requiere para influir en el ejercicio de gobierno. El voto libre, efectivo, universal y secreto debe ser un principio en la constitución porque es inherente a la democracia, pero además debe ser un derecho que consagre la misma constitución; el abandono de la identidad política del voto lo convierte en un artículo de mercado, a la elección en una subasta y a la ciudad en una gran empresa donde gobierna un patrón, en el mejor de los casos.

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