La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) destacó la necesidad de que el Estado mexicano, previo a la autorización de proyectos que afecten el medio ambiente, el territorio y la cultura de los pueblos indígenas, realice efectivamente las consultas que tomen en cuenta los usos, costumbres y formas de organización de las comunidades y pueblos originarios.

Al recibir a integrantes de la tercera Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, Tom Haeck, de la Unidad de Observación de la oficina, aseguró que el tema de la armonización legislativa, que se refiere a la homologación de las leyes nacionales con relación a los estándares internacionales de tratados y convenios que protegen los derechos humanos, es sólo el piso, es el mínimo que el gobierno debe garantizar.

En este sentido, los integrantes de la caravana advirtieron que una de las principales problemáticas a los que se enfrentan es la inexistencia de mecanismos y figuras legales en las leyes nacionales que reconozcan los territorios indígenas como propiedades ancestrales de los pueblos.

Pero además, denunciaron que estas omisiones y lagunas legales se suman a las acciones de las autoridades de otorgar títulos de propiedad a particulares para explotación de recursos forestales, acuíferos y energéticos, así como proyectos de turismo invasivo. Todo esto ha llevado paulatinamente a una situación de violencia y violación de los derechos humanos contra sus habitantes y los defensores que han apoyado en su lucha a estos pueblos originarios.

En la mesa de diálogo, los representantes de las comunidades también se refirieron al problema del narcotráfico, que desde 2006 ha incrementado su presencia en la Sierra Tarahumara, primero con el cultivo y trasiego de mariguana por parte de grupos del crimen organizado, y que en el año reciente ha cambiado al cultivo de amapola, reclutando para esto a miembros de las municipios más alejados del estado de Chihuahua.