Mexicali, BC.

El gobierno de Baja California adjudicó directamente un contrato por 20 millones de pesos a la empresa La Cosmopolitana para la alimentación diaria de 3 mil 444 personas durante un trimestre. La compañía abastece de alimentos a hospitales, centros penitenciarios, guarderías y comedores industriales en la Ciudad de México, así como en Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, el estado de México y Oaxaca, entre otros, y desde 2010 ha sido denunciada por incurrir en corrupción y tráfico de influencias para obtener contratos.

La Cosmopolitana obtuvo el contrato DAD-ADQ-SSP-109-16, consistente en un programa piloto para la alimentación de 3 mil 173 internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali, y de 76 personas del Centro de Tratamiento para Adolescentes, también en la capital de Baja California, así como para 195 custodios.

El contrato autorizado por la Secretaría de Seguridad Pública del estado fija un plazo del primero de octubre al 31 de diciembre de 2016.

La Cosmopolitana recibirá en promedio 61.33 pesos al día por persona alimentada, mientras en otros centros penitenciarios de la entidad se pagan 31.57 pesos.

Fuentes no oficiales aseguraron que de aprobarse el programa piloto se asignaría a La Cosmopolitana la alimentación del personal penitenciario y de los 15 mil internos durante los últimos tres años de la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Como parte del contrato trimestral, La Cosmopolitana se obligó a mejorar las instalaciones del Centro de Readaptación Social de Mexicali, reparar tuberías y pisos, así como reorganizar áreas de lavado, panadería, preparación de alimentos y tortillería en un módulo de 100 metros cuadrados, donde colocará extractores y sistemas contra incendios.

Casi al final del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2012, la Secretaría de la Función Pública sancionó a La Cosmopolitana por un caso de corrupción y tráfico de influencias en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 2010. El procedimiento administrativo sancionatorio incluyó ordenar a todas las entidades públicas no celebrar con ella contratos durante tres meses. Aun así, desde 2009 y hasta el año pasado el IMSS le otorgó contratos por 2 mil 453 millones de pesos.