e acuerdo con la versión oficial, el pasado lunes culminó la más importante de todas las licitaciones de la reforma energética (Pemex se asoció con la trasnacional BHP Billition para explotar el campo Trion y, en total, se colocaron ocho de los diez bloques promovidos), de tal suerte que podemos decir con una gran felicidad que ganó México. Tal declaración corresponde al secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para quien la citada reforma ya es un tren bala.

Pues bien, independientemente de que la apertura en el sector petrolero le sigue debiendo al país el vigoroso crecimiento económico prometido a la hora de aprobar la reforma energética (dos puntos adicionales, según lo presumieron), aquello de que ganó México ni de lejos corresponde al sentir del grueso de los mexicanos, pues apenas 10 por ciento de ellos considera que los cambios constitucionales en la materia ha generado un beneficio para sus familias.

Lo anterior ha sido documentado por la Cámara de Diputados, por medio de su Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP: Reforma energética: algunos datos a tres años de su promulgación, diciembre de 2016), en el entendido de que es clara la tendencia a la baja de aquellos que creen que con la reforma energética las cosas están cambiando para bien en el país, razonamiento que en la fecha de la aprobación de la reforma alcanzaba 35 por ciento de consensos, pero sólo unos meses después tal anuencia disminuye abruptamente y a partir de ahí se marcan altibajos en la línea de quienes consideran que con la reforma aludida las cosas marchan mejor para el país.

Así, el entusiasmo gubernamental parece totalmente lejano al sentir de los mexicanos y, como lo advierte el CESOP en su más reciente encuesta, entre el cúmulo de adversidades identificadas por el público destacan, entre otras, la significativa percepción (64 por ciento del total) que las empresas extranjeras van a terminar influyendo en los asuntos políticos del país; que los ciudadanos tendrán que pagar más impuestos (57 por ciento de las respuestas); que las utilidades derivadas de la reforma se usarán para contratar más burócratas, o que simple y llanamente la reforma energética es un retroceso para el país (56 por ciento).

Lo anterior no avala lo dicho por el emocionado Pedro Joaquín Coldwell, sobre todo cuando otros resultados de la citada encuesta revelan que en porcentajes que van desde 33 y 55 por ciento, los ciudadanos consultados también coinciden en que la reforma energética generará una nueva crisis económica; que el gobierno no será capaz de regular adecuadamente a las empresas privadas participantes en el sector energético, o que pese a la reforma nunca van a bajar los precios del gas, de la gasolina y de la luz, además que habrá más corrupción en el sector energético del país.

De hecho, el propio CESOP advierte que los indicadores propios de la industria petrolera, a un trienio de la reforma energética, coinciden muy poco con las expectativas divulgadas en el periodo previo a su promulgación. Las cifras más recientes sobre el tema muestran la muy escasa concordancia entre la realidad cuantificada por organismos especializados y los ofrecimientos mediáticos divulgados masivamente por los impulsores de la iniciativa. La opinión pública, expresada en los diversos estudios efectuados sobre el particular, muestra un creciente desencanto ante un escenario en donde los intereses de los organismos multilaterales y el enorme poderío de las empresas petroleras trasnacionales son los que definen el rumbo del mercado de la energía, situación que hace vislumbrar un incierto futuro para los energéticos en México como el soporte esencial de la soberanía y la independencia nacionales. Así, los cambios sociales y legislativos que eventualmente lleguen a darse en un futuro inmediato en el ramo de los energéticos determinarán el destino de nuestro país para las próximas generaciones.

La encuesta del citado centro de estudios de la Cámara de Diputados revela que en diciembre de 2013, cuando la reforma energética fue aprobada por el Legislativo, 37 por ciento de los ciudadanos la asociaban con algo positivo, mientras 28 por ciento consideraban exactamente lo contrario. Para agosto de 2016, tales proporciones fueron de 22 por ciento y 41 por ciento, respectivamente, y descontando.

Un aspecto importante, pero poco examinado en las consultas sobre el tema, es el relativo al papel desempeñado por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en el proceso de reformas inherentes a la transformación de Pemex, y en este tenor “existe una escala de opiniones respecto al gremio, desde quienes le otorgan mucha confianza –apenas 3 por ciento de los entrevistados– y algo de confianza –15 por ciento– hasta aquellos que manifiestan un leve o un marcado descrédito hacia dicha organización, que en el caso concreto ronda 65 por ciento de los ciudadanos que abiertamente desconfían”.

Las respuestas de la población objeto de la encuesta, detalla el CESOP, “muestran un creciente escepticismo en torno a que si las llamadas reformas estructurales, en su conjunto, van a contribuir al desarrollo nacional. Por el contrario, de los resultados del ejercicio efectuado entre agosto de 2014 y el mismo mes de 2016, se desprende que cada vez más personas –hasta alcanzar casi 60 por ciento de los entrevistados– piensan que el juego de reformas, en su conjunto, va a perjudicar al país”. Sin duda, advierte, uno de los mayores retos que enfrenta cualquier reforma legislativa es el juicio ciudadano registrado en las consultas públicas y en las encuestas de opinión.

En fin, el CESOP concluye con el siguiente comentario: las personas que llegan a juzgar como positiva la reforma de mérito, paulatina pero inexorablemente van decreciendo, mientras, de forma simultánea, aumenta el de aquellas que asocian el concepto de reforma energética con algo negativo” supera el 40 por ciento”. Entonces, ¿realmente ganó México? (Pedro Joaquín dixit).

Las rebanadas del pastel:

Bank of America Merrill Lynch pone el dedo en la llega: en 2017 la desaceleración en México será mayor, con un crecimiento de apenas 1.3 por ciento, similar al primer año de Peña Nieto, pero con todas las reformas en marcha. Por si fuera poco, le echa sal a la herida: el descontento social y un calendario electoral lleno en los siguientes dos años pudieran pesar sobre la actividad económica. Agarraos.

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