El PRI en el Senado está dispuesto a hacer el mejor de los esfuerzos para construir a la brevedad el nuevo marco jurídico requerido por las fuerzas armadas, a fin de que puedan continuar con sus tareas de combate al crimen organizado, sostuvo el senador Arturo Zamora.

En entrevista, dijo que al actual periodo de sesiones sólo le queda una semana, pero los priístas van a proponer que durante el receso legislativo de enero se trabaje con celeridad, a fin de que a principios de febrero, y de ser posible antes, esté listo el dictamen sobre la nueva legislación en materia de seguridad interior que las fuerzas armadas demandan.

El senador Zamora explicó que por instrucciones de su coordinador, Emilio Gamboa, estará muy atento al trabajo que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados, donde se tiene un proyecto de reforma que de ninguna manera trata de militarizar la seguridad interior, sino de darle a las fuerzas armadas la armadura legal necesaria que dé certeza a sus actuciones.

El coordinador nos planteó que estemos muy atentos al trabajo que están realizando nuestros compañeros diputados, para que contribuyamos, incluso si es necesario trabajar en conferencia ambas cámaras y tener listo el marco legal al que se refirió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

Cuestionado sobre la posibilidad de que a la propuesta del PRI en la Cámara de Diputados se incorpore la minuta que está en San Lázaro, con las reformas aprobadas en el Senado en 2014 y que legalizaron la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, respondió que el nuevo marco legal tiene que darse a partir de las necesidades actuales y futuras de los soldados y los marinos.

Integrante también del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el senador Zamora dijo que entiende el reclamo que el titular de Sedena formuló, ya que en los pasados 10 años el Ejército ha tenido que realizar tareas adicionales a las que le señala la Constitución y estar en las calles para proteger a la sociedad de la amenaza del crimen organizado.

–¿Se podrá votar esa reforma en febrero?

–Somos legisladores de tiempo completo y tenemos que responder a las necesidades de los electores y del país. Se pueden aprovechar las vacaciones decembrinas y el receso de enero para construir el dictamen junto con las demás fuerzas políticas.

En entrevista aparte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, advirtió que crear una ley de seguridad interna, que dé certeza legal a la actuación del Ejército y la Marina, no es un asunto que se debata en 48 horas o una semana, como planteó la víspera el panista Roberto Gil Zuarth.

Expuso que el PRD está abierto a la discusión, pero a través de un debate nacional intenso, en el que participen el gobierno, la oposición, especialistas, académicos y organizaciones de derechos humanos.

Hay una realidad que no podemos evadir. Hace 10 años sacaron al Ejército a las calles, para que ayudara a detener el narcotráfico y la delincuencia organizada, y este combate no se concibe ahora sin las fuerzas armadas, porque no se logró sanear y modernizar a las policías. Agregó que se debe legalizar su actuación para darles certeza, pero cuidando que se protejan los derechos de la ciudadanía.

El actual marco jurídico es insuficiente, precario, asegura el priísta Camacho Quiroz

Roberto Garduño

La exigencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, de normar la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública hizo eco en la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD se pronunciaron por acelerar el proceso legislativo que dé forma a la ley de seguridad interior.

Los coordinadores de los tres partidos coincidieron, por separado, en reconocer el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia y se pronunciaron por establecer protocolos de defensa de los derechos humanos.

César Camacho Quiroz, coordinador del PRI, dijo que el espacio natural de los integrantes del Ejército y la Marina son los cuarteles; “están capacitados para la defensa del territorio, de la soberanía, pero la necesidad ha obligado a que las fuerzas armadas se sumen a tareas no sólo de seguridad pública, sino que asuman tareas que sí le son propias de seguridad nacional.

No obstante, el marco jurídico es precario, insuficiente, y el secretario (Cienfuegos) ha urgido en más de una ocasión a contar con un entramado jurídico que les dé solidez y toda la fuerza para actuar.

La diferencia

El político mexiquense y su compañera de bancada Martha Tamayo presentaron una iniciativa de ley en la que advierten que la seguridad interior se distingue de la seguridad pública porque la segunda está a cargo de las policías, integradas por civiles, que aunque se forman con algunas prácticas –criterios de orden militar y eventualmente son conducidas por elementos castrenses– forman parte de las fuerzas del orden que dependen de gobiernos municipales, estatales y el central, como la Policía Federal y la Gendarmería.

La ley de seguridad interior no es, como algunos han sugerido, un cheque en blanco; se trata de que las autoridades castrenses, que la fuerza militar puedan estar al servicio de la sociedad, cuidando que estas amenazas, incluso trasnacionales, puedan ser combatidas con eficacia.

Camacho Quiroz anunció que en las próximas semanas intensificarán las discusiones para que pronto se lleve al pleno el proyecto de ley de seguridad interior que, como cualquier iniciativa, seguramente se modificará. Hay que dejar clara la posición de respeto absoluto a los derechos humanos y la necesidad de que siempre, para que estas actuaciones ocurran, debe haber una declaratoria de protección a la seguridad interior, que expide el Presidente con la autorización del Consejo de Seguridad Nacional.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, hizo un llamado a impulsar un marco legal para que las fuerzas armadas puedan actuar en asuntos de seguridad interior y con ello generar la certeza jurídica que demandan.

La seguridad interior no es responsabilidad de la Sedena ni de la Marina, por lo que desde el Poder Legislativo debemos impulsar los instrumentos legales apropiados y funcionales para enfrentar las situaciones de seguridad que hasta la fecha nuestras fuerzas castrenses vienen realizando.

Es necesaria una ley, agregó, que regule la participación de militares en el combate al crimen organizado. Este ordenamiento debe especificar claramente cuándo las fuerzas armadas actuarán. Se requiere dar certeza en sus funciones de seguridad interior.

Marko Cortés, líder de la bancada del PAN, anunció que él y sus compañeros coinciden con lo expresado por el general Cienfuegos y convocan a los otros grupos parlamentarios a dictaminar, a la brevedad, la iniciativa que presentó el diputado panista Jorge Ramos, para dar un marco correcto a la acción de las fuerzas armadas.

A decir de los panistas, el 26 de noviembre de 2015 se presentó en la tribuna de la Cámara de Diputados la única iniciativa que se refiere a la seguridad interior, y esto es resultado del interés que tiene Acción Nacional por responder a una de las prioridades de los mexicanos, ya que la seguridad es un tema que preocupa a 73 por ciento de la población.

Explicó la escencia de su propuesta, es decir, para que el Ejército Mexicano y la Marina sólo puedan ser utilizados por causas expresamente especificadas en una declaratoria de causa de seguridad nacional.