o lo dijo ninguna organización no gubernamental nacional, no lo hizo ver alguna agrupación antigobiernista de la entidad; lo expresó contundente, sin maquillaje ni diplomacias, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos (ONU-DH): la inseguridad, la violencia y la impunidad son un problema dramático y preocupante en Guerrero.

No lo externó en Michoacán, Oaxaca o Morelos, lo puntualizó en Guerrero, concretamente en Chilapa, uno de los municipios más castigados por la delincuencia.

Respaldó su diagnóstico citando la comisión de 2 mil 428 homicidios dolosos en un año y 409 desapariciones en sólo tres municipios.

Ni el calificativo ni las cifras de los ilícitos sorprenden ni conmueven, porque forman parte ya del vocabulario cotidiano. Drama, dolor, angustia, inseguridad, violencia, injusticia, impunidad, entre otros, son términos de las pláticas cotidianas de la gente.

El hecho de que hayan venido a la entidad el alto comisionado, Jan Jarab, y el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, es importante porque sirvió de catarsis a los familiares de las víctimas, quedando en entredicho la posibilidad de un buen resultado porque, hasta ahora, la intervención de organismos internacionales defensores de derechos humanos de nada ha servido para que el Estado mexicano haga lo suficiente para atenuar el dolor de los afectados.

Jarab y Eslava Pérez entregaron al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, y al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, un informe que indica que de enero de 2013 a la fecha ha habido 409 desapariciones, como si uno y otro lo ignoraran.

El gobierno federal, por su parte, es quien asume realmente la búsqueda de desaparecidos y el combate al crimen, sin dar buenas cuentas.

El discurso gubernamental va en una dirección mientras la acción devastadora de la delincuencia avanza en otra, siendo más certera la segunda, que tiene sometido al gobierno.