Xalapa, Ver.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró a Veracruz en emergencia financiera ante la imposibilidad de cubrir 10 mil millones de pesos en sueldos y prestaciones de fin de año. Además, está pendiente el pago a la Universidad Veracruzana (UV) y devolver parte de los recursos federales que la administración anterior retuvo ilegalmente a los ayuntamientos.

En un mensaje a la población, transmitido por la televisora estatal, Yunes Linares especificó que sólo cuenta con 3 mil millones de pesos para hacer frente al pago de salarios, prestaciones laborales, pensiones y gastos de operación, entre ellos compra de alimentos, combustibles, medicinas y servicios de telefonía e Internet.

Es decir, tenemos un déficit de 7 mil millones de pesos, casi imposible de cubrir, afirmó; asimismo, pidió al gobierno federal que se solidarice con el estado y le destine recursos extraordinarios para enfrentar la crisis financiera, como lo hizo durante el gobierno del ex mandatario priísta Javier Duarte de Ochoa, prófugo desde hace casi dos meses.

Se comprometió, en tanto, a emprender medidas de austeridad y transparencia del gasto. Dijo que se revisará la nómina estatal para que quien no trabaje no cobre y se analizará la estructura organizativa a fin de evitar duplicidad de funciones.

Además, se consolidarán las compras y la contratación de obras públicas, así como los arrendamientos y servicios, y se cancelarán los permisos y comisiones de los trabajadores que se encuentran al servicio de sindicatos, funcionarios públicos o particulares.

Casa Veracruz, cuyo mantenimiento cuesta 60 millones de pesos al año, es un agravio a los veracruzanos; no la voy a utilizar, manifestó.

Yunes Linares agregó que envió un exhorto al Poder Legislativo para que aplique la ley y elimine 236 regidurías en los 212 ayuntamientos de Veracruz, para generar un ahorro de 137 millones de pesos anuales, más de 550 millones de pesos en el siguiente cuatrienio.

Mencionó que los integrantes de su gabinete no cobrarán hasta que haya recursos para cubrir el gasto corriente.

Comentó que durante el gobierno de Duarte de Ochoa los pasivos de corto plazo ascendieron a 56 mil millones de pesos, equivalentes a más de la mitad del presupuesto anual del estado.

En las revisiones, agregó, se detectó que 32 mil millones de pesos salieron de la tesorería estatal con un documento que decía pago urgente, pero sin anexar factura ni contrato alguno.

Asimismo, la deuda bancaria pasó de 25 mil a 42 mil millones de pesos en los seis años recientes, y la mayor parte fue usada para pago de nómina, servicios y campañas políticas.

El gobernador destacó que se contrataron créditos bancarios a tasas de interés excesivas, por lo que se presumen actos de corrupción en los que podrían estar vinculadas algunas instituciones financieras.

Existen diferencias en las tasas contratadas. En los últimos préstamos se aumentaron las tasas sin que hubieran cambiado las condiciones económicas del país y sin existencia de riesgo de no pago, explicó.

Como responsables del desfalco financiero señaló a integrantes de los poderes Legislativo y Judicial locales, así como a organismos de fiscalización, control y supervisión del gobierno estatal.

Citó los casos del penal de Medellín y de un planetario, para los que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos prestó 30 millones de pesos. Los órganos de control certificaron que las obras estaban concluidas, y no lo están, destacó.

Los órganos de control que debieron supervisar el gasto del gobierno fueron cómplices de lo que ocurrió en Veracruz, acusó.

Agregó que el atraco ha generado un desastre social, con altas tasas de desempleo, informalidad laboral, incremento de la pobreza y desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales.

Presupuesto 2017, comprometido

Precisó que el desfalco financiero comprometió el presupuesto del próximo año, pues se tiene previsto ejercer 101 millones de pesos con un gasto corriente por 57 mil millones, pero sólo se dispone de 36 mil millones.

Yunes Linares agregó que pedirá a la Fiscalía General del Estado la creación de un área especifica para investigar, realizar detenciones y recuperar bienes y recursos en México y en el extranjero, desviados del erario estatal en los 12 años recientes.