Confrontados, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados abordaron la minuta del Senado que reglamenta el artículo 29 de la Constitución. Priístas, panistas y verdes determinaron aprobar el ordenamiento que permitiría al presidente de la República declarar el estado de excepción.

Por el contrario, los legisladores de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron la aprobación de la ley reglamentaria, porque el procedimiento asumido viola el artículo 164 del reglamento de la Cámara de Diputados, y sobre todo porque representa una amenaza a los derechos de libre manifestación, libre reunión y libertad de prensa.

Anoche, la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, encabezada por Armando Luna, dio cumplimiento, a medias, a la norma que exigía convocar en conferencia a la de Gobernación.

Así, con 17 votos en favor, de Armando Luna, Sara Latife, Manuel Clouthier, Alberto Silva, Margarita Alfaro, Antonio Salas, Enrique Zamora, Ericka Hernández, Lía Limón y Liliana Madrigal, entre otros, y seis en contra, entre ellos los de Cuitláhuac García, Cristina Gaytán, Marisela Contreras y Candelaria Ochoa, quedó sellada la aprobación del controvertido ordenamiento, que será sometido al pleno cameral este miércoles.

Ante el silencio de la mayoría de los diputados que votaron en favor del dictamen, Cuitláhuac García (Morena) reprochó el contenido del artículo séptimo de la ley reglamentaria, porque en él no se contemplan tres derechos que son fundamentales y que podrían ser aplazados por la decisión presidencial de utilizar al Ejército. Son la libertad de manifestación, la libertad de reunión y la libertad de prensa.

Además, recordó el legislador veracruzano que el 14 de diciembre del año pasado la Cámara de Diputados recibió la mencionada minuta, y ésta fue turnada por el presidente de la mesa directiva a las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos. “En ese orden, y como consta en la Gaceta Parlamentaria de ese día”, abundó el legislador.

El artículo 174 del reglamento de la Cámara refiere que al destinarse un dictamen a comisiones unidas, éstas se encuentran obligadas a votar en conjunto.

En abril pasado la Comisión de Gobernación en San Lázaro votó en favor la minuta. Tal argumento fue utilizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos para sostener que no se requería la votación en conferencia, esto a pesar de que la ley interna de los diputados señala lo contrario.

El contenido de la ley reglamentaria acarreó observaciones de organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos. Ayer, un grupo de representantes de esos sectores acudió a la Cámara de Diputados.

Catalina Pérez Correa y el diputado Vidal Yerenas, entre otros, dieron a conocer un documento que refuta el contenido del dictamen: el endurecimiento de las medidas para enfrentar la crisis de violencia no ha logrado ni logrará disminuir este fenómeno en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente.

El proyecto de ley reglamentaria, refieren, no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías.

Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder judicial son ilimitados, cuando deberían ser proactivos... El Congreso tiene la responsabilidad de no convertir al país en uno menos democrático y con instituciones civiles más débiles.