A partir de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Infodf) incorporó a la Asamblea Constituyente en su padrón de sujetos obligados, los cien diputados que la forman deben hacer pública su declaración de conflicto de interés y al no percibir remuneración alguna los exime de entregar declaraciones patrimonial y fiscal.

La coordinadora de transparencia y parlamento abierto de la Constituyente, María del Carmen Nava Polina, informó al presentar su plan de trabajo que en la última semana de diciembre se abrirá el sitio web con esa y toda la información de la primera etapa, desde su instalación hasta la dictaminación en comisiones.

Por otra parte, coordinadores y ex coordinadores de pueblos originarios de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan, ante la secretaria de derechos metropolitanos del Comité Ejecutivo Nacional perredista, Susana Alanís, llamaron a la Constituyente a que en la discusión en el pleno no se repita el episodio de hace 15 años, cuando los partidos, incluido el sol azteca, aprobaron en el Congreso una reforma de derechos y cultura indígenas que desconoció los Acuerdos de San Andrés.

Por la noche, el presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios, Mardonio Carballo, de Morena, solicitó licencia para dejar el cargo y denunció en su carta a la mesa directiva haber padecido discriminación racial en la discusión del dictamen y el secuestro del trabajo parlamentario por cuotas partidistas.