Guanajuato, Gto.

Por unanimidad, el Congreso del estado eliminó el fuero del gobernador y otros funcionarios de primer nivel, legisladores, magistrados e integrantes de los ayuntamientos, mediante reformas y adiciones a los artículos 131, 127 y 129 de la Constitución Política de Guanajuato.

Ahora los servidores públicos podrán ser sometidos a procesos judiciales de los órdenes civil y penal.

Los delitos por los cuales podrán ser separados del cargo son delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con armas y explosivos, así como ilícitos graves previstos en la Ley en contra de la Seguridad de la Nación.

Si algún servidor público comete un delito que no amerite prisión preventiva, podrá seguir el proceso sin separarse del cargo, pero si la sentencia es pena privativa de la libertad, será destituido.

En la sesión también se aprobó un paquete de reformas al Sistema Estatal Anticorrupción, para que el Congreso designe a los contralores internos de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y del Instituto Acceso a la Información Pública.

En los casos de la Universidad de Guanajuato, del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral, se aprobó que el contralor interno sea designado de una terna integrada con candidatos propuestos en una consulta pública.

Extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito

También se modificó el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio para quitar a los funcionarios los bienes obtenidos mediante enriquecimiento ilícito.

Finalmente, con 30 votos a favor y seis en contra, desaforaron y destituyeron al regidor perredista del ayuntamiento de la capital de Guanajuato, Julio César García Sánchez, para que sea juzgado por violencia familiar.

En sesión secreta, como jurado de procedencia, los diputados escucharon a los representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que solicitó retirar el fuero al funcionario por golpear y violentar de otras formas a su ex pareja.