Varias organizaciones de derechos humanos cerraron de manera simbólica durante varias horas la Procuraduría General de la República (PGR), en protesta por la impunidad que persiste en el caso de Miriam López Vargas, quien fue privada de la libertad, violada sexualmente y torturada por militares en 2010, en Tijuana, Baja California.

En respuesta, la PGR se comprometió a atender el caso como cualquier denuncia de violencia contra las mujeres y la población civil, con el propósito de establecer la ruta que se seguirá para erradicar la tortura y cualquier acto que violente los derechos humanos.

Ayer se cumplieron cinco años de que Miriam López presentó una denuncia ante la PGR, sin que hasta ahora, tras el paso de cinco funcionarios por la PGR, exista un solo militar o funcionario público presentado o procesado por la violación de derechos humanos cometida en el contexto de la aplicación del Operativo Tijuana, a pesar de que los autores materiales están plenamente identificados.

Durante la protesta, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), que acompaña a la víctima, anunció que el caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e impunidad que priva en la justicia mexicana.

Explicó que Miriam López fue detenida por militares vestidos de civil, trasladada al cuartel Morelos de la segunda Zona Militar y torturada para que se declarara culpable de un delito que no cometió.

En 2011 fue declarada inocente, y un año después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 54/2012, en la que acreditó su inocencia y le otorgó la calidad de víctima de violación de sus garantías.

Guevara afirmó que este no es el único caso de tortura y abuso de militares en esa región, pues la CMDPDH tiene documentados 95 casos de personas torturadas en los cuarteles militares Morelos y el Aguaje de la Tuna entre 2009 y 2012, en el contexto del Operativo Tijuana. Todos en medio de la impunidad y la negligencia de las autoridades para abrir las averiguaciones contra militares.

Durante el cierre simbólico de la PGR se colocó un mural de papel donde fueron pegadas más de 25 mil cartas y mensajes de solidaridad y apoyo a Miriam López, de un total de 227 mil recibidas entre 2013 y 2014, en una campaña organizada por Amnistía Internacional.

La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Sara Irene Herrerías Guerra, y la fiscal especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas, Adriana Lizárraga, se reunieron con representantes de la CMDPDH y se comprometieron a atender el caso.