Con la aprobación de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se ampliará sustancialmente el espectro de actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai); sin embargo, con la estructura y el presupuesto con que cuenta actualmente el organismo se prevén complicaciones operacionales para hacer frente a las demandas que implicará esta legislación, aseveró el comisionado, Francisco Javier Acuña.

En días pasados, comisionados del Inai acudieron a la Cámara de Diputados (ante la inminencia de que se aprobara la legislación, que finalmente se avaló esta semana) para solicitar a los legisladores que analizaran el impacto presupuestal que implicará la instrumentación de esta ley y que, a decir de Acuña, tendrá repercusiones similares, en cuanto a demanda de actuación del organismo, que las reformas que en su momento implicó la Ley General de Transparencia.

Avalada en 2014, tras dicha reforma, el Inai registró un incremento presupuestal durante los siguientes dos años equivalente a 80 por ciento, para ubicarse en poco más de 900 millones de pesos este año con el fin de hacer frente a la demanda de acceso a la información, que se preveía involucraría el cambio en el marco legal.

Desgraciadamente, aseveró Acuña, las condiciones económicas que enfrenta actualmente el país hacen muy complicado que pueda existir un respaldo presupuestal similar al que se recibió gradualmente para el caso de la transparencia. Sin embargo, detalló, los efectos serán similares por la transversalidad que tiene la aplicación de la nueva legislación y que ampliará el espectro de actuación del Inai para vigilar la salvaguarda de los datos personales en bases de datos como la del padrón electoral.

Refirió que en la actualidad el Inai tiene destinadas tres direcciones para desahogar todo lo referente a protección de datos personales. Sólo que con los cambios en acceso a la información, la estructura responsable de esta tarea es ahora del triple.

Sabemos de la intención del constituyente cuando diseñó este nuevo ordenamiento, pero se requiere del estudio técnico para determinar las necesidades presupuestales que llevará implícito, porque no se han dimensionado aquellos apremios que traerá al Inai el campo ampliado en materia de protección de datos personales”. Reconoció que el entorno económico es muy diferente por la estrechez que existe ahora presupuestalmente.

El comisionado calculó que el riesgo que puede enfrentarse para el cumplimiento cabal de las obligaciones es que deba entrar gradualmente con el fin de que el Inai adecue su estructura a la verificación y cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales que tienen ahora los sujetos obligados, entre los cuales se encuentran los organismos autónomos y los poderes Judicial y Legislativo.